El Gobierno de coalición atraviesa uno de los momentos más delicados de la legislatura tras la entrada en prisión del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. Sumar se mueve en un terreno ambiguo porque intenta proyectar firmeza frente a las prácticas irregulares, mientras al mismo tiempo respalda la estrategia de defensa del presidente del Gobierno y evita tensar aún más la cohesión del Ejecutivo.
En esta encrucijada, Sumar ha presentado un paquete de medidas legislativas contra la corrupción, al tiempo que acusa al PSOE de "inmovilismo" y de no estar a la altura de la gravedad del momento. Entre las propuestas incluidas en el documento remitido por la formación destacan la ampliación de los tipos penales y la homogeneización de las penas por corrupción con otros delitos de similar gravedad, tanto para personas como para empresas. Sumar subraya también la necesidad de endurecer los castigos por cohecho o soborno impropio, así como aumentar las penas por delito fiscal y ampliar los plazos de prescripción. Un paquete que, de salir adelante, podría incomodar seriamente a uno de los socios clave de la investidura: Junts per Catalunya.
Y es que la posición de Sumar no está exenta de contradicciones. En 2022, la coalición Unidas Podemos votó junto al PSOE la reforma del Código Penal que rebajó las penas por malversación sin ánimo de lucro, en una decisión clave para contentar a Junts y facilitar los acuerdos parlamentarios. Ahora, sin embargo, desde Sumar proponen endurecer las penas por corrupción y ampliar los delitos incluidos en el Código Penal, dejando fuera, según fuentes consultadas del partido, precisamente este delito que ayudaron a suavizar.
Sumar también propone extender hasta 30 años la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes hayan sido condenados por corrupción, así como prohibir expresamente la concesión de indultos en este tipo de delitos. Dos iniciativas que, de aplicarse, pondrían en el punto de mira a los líderes independentistas condenados por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
El documento presentado por Sumar también incluye la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de agilizar la duración de las investigaciones en casos de corrupción, además de proponer la creación de una Agencia Independiente contra la Corrupción. Asimismo, plantean modificar el Código Penal para tipificar el enriquecimiento ilícito injustificado de los funcionarios públicos, reduciendo el umbral económico que determina la comisión del delito, pasando de 250.000 a 50.000 euros.
Otras medidas, como la eliminación de los aforamientos, que Sumar ha venido anunciando desde que estalló el caso Cerdán, no han sido incluidas en la "hoja de ruta" presentada al ala socialista del Gobierno para evitar que la legislatura se "embarre".