Tras descubrir que la sustituta de Cerdán también regó a una de las empresas de la trama con más de 7,5 millones de euros, se antoja cada vez más difícil encontrar a algún cargo socialista que esté libre de toda sospecha y que no haya sido ascendido en los últimos años.
Durante su etapa como consejera de Obras Públicas, Rebeca Torró adjudicó al menos tres contratos a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), la empresa de José Ruz, y formalizó otro —el más elevado— que había heredado de su predecesor. Lo curioso es quién es este socialista y dónde ha recalado tras su paso por el Gobierno de la Comunidad Valenciana, ya que se trata de Arcadi España, actual número 2 del ministro Ángel Víctor Torres, objetivo prioritario de los investigaciones de la UCO por sus relaciones con la trama cuando era presidente de Canarias.
España fue consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad desde junio de 2019 hasta mayo de 2022. Justo antes de abandonar la cartera, adjudicó a Levantina un contrato de 5.287.983,97 euros para realizar las obras de un paso inferior en la avenida Beniardá de Benidorm, bajo la línea 9 del TRAM de Alicante.
Número 2 de Torres
Tras año y medio en la consejería de Hacienda y Modelo Económico, Torró pasó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. El 6 de diciembre de 2023 fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial, es decir, número 2 de Ángel Víctor Torres, salpicado de lleno por la trama.
Además del polémico piso con "señoritas" y los contratos de mascarillas y PCR, el ministro está en el punto de mira por la adjudicación a Levantina Ingeniería y Construcción de la reforma del conocido Edificio Royal para albergar la delegación en Las Palmas de Gran Canaria de la Agencia Tributaria durante su época al frente del gobierno regional.
El contrato que une a Torres con Levantina
La UCO descrubrió que el 9 de febrero de 2022 tanto José Ruz como Koldo García Izaguirre se desplazaron a las islas para reunirse con miembros del Ejecutivo, lo que encedió todas las alarmas al descrubir que justo tres días después la Agencia Tributaria Canaria publicó el anuncio de licitación de la mencionada reforma. Levantina hizo la peor oferta económica, pero la valoración subjetiva permitió que el empresario José Ruz se quedase con la obra.
Tal y como ya publicó en su día Libertad Digital, el "resumen de los criterios de adjudicación basados en juicios de valor" muestran a Levantina en cabeza en los dos criterios que quedaban dentro de esa escala subjetiva. El primero era el de "memoria descriptiva y de trabajo". Allí obtuvo 25,25 puntos, la mayor nota de los ocho aspirantes. El siguiente punto de valoración subjetiva fue el del "plan de control de calidad". Allí, la empresa de José Ruz también se convirtió en la constructora mejor valorada con 2,36 puntos.
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