La férrea defensa de la polémica adjudicación del túnel de Belate que hizo este martes en el Senado el consejero de Cohesión Territorial de Navarra —a la par que tío de la presidenta—, Óscar Chivite, choca de lleno con el crudo retrato de la misma que hizo apenas unas horas después el secretario de la mesa de contratación.
"Inusual", "viciada" e "irregular" fueron solo algunos de los calificativos que profirió el letrado Lorenzo Serena, funcionario con nada menos que 29 años de experiencia en estas lides y autor de uno de los tres votos particulares que ya en su día alertaron de sus sospechas sobre la millonaria adjudicación en 2023 a la UTE formada por Acciona, Fermín Osés y Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán posee el 45%.
Los "rumores" del dedazo
Tal y como Serena ha revelado en la comisión de investigación de la llamada Operación Delorme, desde el primer momento existían "rumores" que invitaban a pensar que la decisión ya estaba tomada de antemano: "Los rumores que había eran de que se la iba a llevar una empresa en concreto y fue la que se lo llevó; por eso insistíamos en que se tenía que justificar". No en vano, "5 de los 8 miembros de la mesa dijeron que les había llegado ese rumor".
Partiendo de lo que ya parecía ser vox populi, los letrados comenzaron a ver y denunciar toda una serie de irregularidades que, a juicio de Serena, "invalidan el procedimiento". Para empezar, la "falta de motivación" de la valoración técnica, la decisiva por cuanto en la económica varias empresas habían empatado a la baja. "Si no se motiva el ejercicio de una potestad discrecional, como la valoración de la oferta técnica para alcanzar el concepto jurídico indeterminado de mejor oferta, eso en derecho se llama acto arbitrario, porque no lo has motivado, no lo has justificado, no has dado razón de por qué la has elegido", explica el letrado.
Una votación "viciada"
A ello se sumaría después el "inusual" hecho de que varios vocales enviasen su voto al presidente antes de que este emitiera el suyo, lo que le habría permitido dar la vuelta a los resultados. "Y eso es cuestión de comprobarlo aritméticamente", ha retado Serena a cualquiera que ponga en duda su testimonio.
Para que haya imparcialidad objetiva, se requiere que ningún miembro de la Mesa puntúe tras haber tenido el conocimiento de otras puntuaciones anteriores que pudieran hacer cambiar o condicionar la suya propia. Sin embargo, según el letrado, "de forma sorpresiva, los vocales enviaron al presidente sus valoraciones y él, con conocimiento, hizo las suyas".
Por otro lado, el técnico ha corroborado que la documentación aportada por las empresas y las diferentes ofertas estuvieron varios días en una unidad de red a la que tiene acceso cualquier empleado público del departamento Cohesión Territorial, algo que jamás tendría que haber ocurrido, puesto que esa información solo deben manejarla los integrantes de la mesa de contratación.
"A mí una persona ajena a la mesa me hizo un comentario sobre una oferta, sobre la calidad, lo buena que era una oferta que estábamos valorando (…) y, cuando me enteré, se lo comuniqué al presidente de la mesa y lo verificamos en su ordenador. Se lo comuniqué al jefe de la sección de régimen jurídico y se eliminó, pero estuvo allí unos días", denuncia igualmente sorprendido.
Un informe de solvencia a medida
Capítulo a parte merece el hecho de que, a pesar de que la UTE formada por Acciona y Servinabar no justificase su solvencia debidamente, fuera el órgano de contratación el que se pusiera en contacto con el Ministerio para, a posteriori, tratar de acreditar su experiencia.
Por todo ello, Serena y otros dos miembros de la mesa decidieron emitir sendos votos particulares, algo que en este tipo de procedimientos sucede en contadas ocasiones. "Se cuentan con los dedos de la mano", subraya el letrado, que asegura que, en sus 29 años de experiencia, apenas habrá visto "ocho o nueve".
¿Compinchados?
Con todo, a su juicio, el procedimiento debería haber sido invalidado. Sin embargo, la nulidad o no de la adjudicación la tiene que determinar un juez y, en este caso, se antoja harto difícil. "El problema es que, a diferencia de lo que ocurre en materia de Urbanismo y Medio Ambiente, aquí no existe una acción popular", explica Serena, que apunta que la potestad de recurrir a los tribunales una adjudicación de este tipo solo la tienen las empresas o la propia Administración. "Entonces, estamos en manos de las partes y del Gobierno. Si ahí están compinchados, pues obviamente jamás va a llegar a un tribunal", lamenta.
Tampoco las otras empresas que acudieron a la licitación habrían tenido información suficiente para hacerlo, puesto que la resolución se publicó un 26 de diciembre, a pesar de que en plena Navidad "el departamento estaba en cuadro", y sin incluir los votos particulares, en los que se ponían de manifiesto todas estas irregularidades.
La maniobra para no jubilar al presidente
Por si todo esto fuera poco, el letrado también ha corroborado que nunca antes había visto que el Gobierno de Navarra retrasase la jubilación del presidente de una mesa de contratación, como así sucedió en este caso. Esta persona, cuya votación fue crucial para que Acciona y Servinabar se hicieran con la polémica y millonaria obra, tenía que haberse jubilado por ley a los 70 años. Sin embargo, el Gobierno de María Chivite abrió un resquicio a través de la Ley de Presupuestos de 2021 para mantenerle en el cargo tres años más.
"La ley de Presupuestos de Navarra tiene disposiciones en materia de funcionarios, por ejemplo, para que el personal sanitario y aquellas personas que no hayan alcanzado una cotización determinada pueden solicitar continuar en activo —explica Serena—, pero es una disposición de carácter general, se dirige a un colectivo; lo raro es que se haga para una persona ad hoc".
Él, castigado "en una nave industrial"
El "premio" al funcionario clave para adjudicar la obra a Acciona y Servinabar contrasta con la represalia que el letrado que alzó la voz contra todas estas irregularidades recibió por parte del Gobierno de María Chivite. Cuando Serena decidió elevar su denuncia al Parlamento de Navarra y a la Oficina Antifraude, fue castigado en un concurso de traslados con la última opción que había seleccionado y fue enviado a trabajar a un lugar de trabajo muy distinto al de su predecesora: de un despacho en el centro de Pamplona, a una nave industrial a la que ni siquiera podía llegar en transporte público.
"Se accedía por una puerta metálica, no había donde fichar…", denuncia Serena, que asegura que allí solo había "vigilantes de carreteras" y a él se le relegó a un "despachito debajo de una escalera". El funcionario volvió a recurrir entonces a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que reconoció que se trataba de una "represalia injustificada", calificó tal maniobra como una "infracción muy grave" y ordenó su inmediato traslado, instando al Gobierno de Navarra a no volver a perjudicarle.
A pesar de todas las evidencias, el Ejecutivo de María Chivite continúa, sin embargo, sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Es más, su propio tío, hoy consejero de Cohesión Territorial, calificó este martes de "transparente" un proceso que, a todas luces, está plagado de irregularidades, como también denunció en su día la Cámara de Comptos de Navarra.