El PSOE quiere marcar distancias con el caso del lobby de Montoro, investigado por un juez de Tarragona, y evitar comparaciones con otros grupos de presión como Acento, el grupo del exministro Pepe Blanco. De ahí que, a partir de septiembre, se empiece con la tramitación de la Ley de Grupos de Interés, cuya admisión a trámite se votó en junio.
Los socialistas quieren presionar a los populares con esta tramitación y tampoco descartan una Comisión de investigación sobre Montoro y Equipo Económico. La idea, según fuentes parlamentarias, es acelerar sus trabajos en comisión y llevarla a pleno antes de final de año. Otros, en cambio no se ponen fecha pero admiten que se abordarà en el nuevo periodo de sesiones que comienza tras el verano.
Todo para alejar el fantasma de los lobbies. Los socialistas han visto en el caso Montoro un filón para atacar al PP. "El mayor caso de corrupción de los últimos años", aseguraba este pasado lunes la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, evitando hablar del caso Koldo, Cerdán y Ábalos mientras ponía el foco en los beneficios que varias empresas, clientes de Equipo Económico, habrían recibido en forma de leyes a cambio de sus honorarios al despacho fundado por Montoro.
Además, varias administraciones del PP habrían contratado sus servicios Incluso la empresa pública Red.es, durante los años de Sánchez. En ese momento, la compañía pública dependía de Nadia Calviño pero, en la actualidad, está bajo las competencias de Óscar López. Aunque en el Gobierno defienden la legalidad de la adjudicación y Sánchez, en una conversación con periodistas, ha prometido revertir las leyes que Montoro hizo para favorecer a determinadas empresas.
Blanco defiende la legalidad de Acento
Todo esto llega con la sombra de las actuación de Pepe Blanco y su lobby Acento, en el que participan políticos de PP y PSOE. Durante una conversación con El Confidencial, el exministro José Luis Ábalos admitió el interés de Blanco por sugerir nombres para su ministerio y por beneficios para un cliente de su lobby. En el Ejecutivo tratan de restar importancia a los movimientos del exministro metido a lobbista y rechazan cualquier paralelismo con el extitular de Hacienda con Rajoy y recuerdan que no hay ninguna causa abierta en los tribunales. En el entorno de Blanco admiten que era "un colaborador". "Lo explica el mismo Ábalos en la entrevista", sentencian fuentes de Acento que rechazan cualquier ilegalidad.
Una norma aprobada a principios de año
La Ley de Grupos de Interés no es nueva. Se aprobó en segunda vuelta en enero y se remitió al Congreso con la idea de regular por primera vez las relaciones entre lobbies y personal público en España. La ley obligará a los lobbies a inscribirse en un Registro Central de Grupos de Interés, que será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), bajo la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente de Óscar López. Hasta ahora, este tipo de registros existían únicamente a nivel autonómico o local.
La inscripción será gratuita y electrónica, con una vigencia de tres años. Los grupos de interés deberán publicar sus reuniones y contactos con el personal público, que a su vez deberá verificar que estos estén correctamente inscritos antes de mantener cualquier encuentro. Toda esta información será accesible a través del Portal de Transparencia.
Además, los altos cargos y empleados públicos tendrán restricciones tras abandonar su puesto: no podrán ejercer como lobbies durante dos años en asuntos relacionados con las competencias que ejercieron en la Administración.
El anteproyecto también contempla un régimen sancionador para los casos de incumplimiento, aunque los detalles no han trascendido aún. La norma busca alinearse con los estándares europeos de integridad pública y prevenir conflictos de intereses en la toma de decisiones.