Pedro Sánchez acaba de comprometer la cesión a Cataluña de la legislación, la recaudación y la inspección de todos los impuestos existentes en España. La decisión supone regalarle a la región de Salvador Illa un fuero propio similar al vasco y el navarro. Y, con ello, todos los datos fiscales de los habitantes de Cataluña. Justo lo que no tuvieron los golpistas del 1-O y que supuso uno de sus mayores problemas porque, sin esos datos, no había manera de mantener un sistema de retenciones fiscales que sostuviera el gasto público. Pues bien, en breve tendrán esos datos y el sistema en marcha de cara a lo que venga.
"Cataluña quiere desplegar la hacienda catalana para gestionar de forma progresiva los impuestos, lo que es compatible con un modelo tributario federal con mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección" señala el texto del acuerdo. Y eso significa que, en caso de un nuevo golpe separatista, la maquinaria fiscal es suya y la tienen experimentada y en funcionamiento.
Y esa pieza del puzzle separatista es tan importante que la Generalidad catalana ordenó en 2017 conseguir los datos del censo del 1-O a un antiguo mando del espionaje catalán.
Datos privados
La Guardia Civil remitió al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona hace ya ocho años las evidencias de que uno de los antiguos mandos de los servicios de inteligencia constituidos por la Generalidad recibió el encargo de obtener los datos necesarios para tener un censo completo -con datos privados y protegidos de los catalanes-. Esos datos garantizaban, de hecho, dos cosas: los datos de declarantes del IRPF y del resto de impuestos y los datos del censo para poder votar en un referéndum ilegal como el del 1-O.
La persona en cuestión era Josuè Sallent. Su puesto en pleno golpe de estado fue el de "Director de Estrategia e Innovación en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat Catalana (CTTI)", un organismo que jugó un papel primordial en el impulso del golpe separatista, como probó toda la documentación aportada en sede judicial.
Y, previamente a ese cargo, Sallent había ocupado el de "director del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), cargo que desempeñó entre septiembre de 2010 y marzo de 2011", señaló la Guardia Civil en su investigación. Bajo ese nombre eufemístico, se escondía el servicio de inteligencia que usó la Generalidad.
CNI catalán
Fue la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional la que afirmó que el Govern catalán disfrutaba de un organismo, el CESICAT, que funciona "en la práctica"como un "CNI catalán", llevando a cabo, incluso, actividades como el control las comunicaciones interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles. Así lo definió el ex fiscal jefe de ese tribunal, Javier Zaragoza, en el decreto de marzo de 2016 por el que se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O.
La Guardia Civil ha constatado que en su trabajo más reciente en el CTTI, Josuè Sallent era uno de los más altos directivos de un organismo "responsable de garantizar la dirección, planificación, gestión y control de todos los sistemas de información y de los servicios de telecomunicaciones del gobierno catalán, por tanto ocupa un papel básico como instrumento estratégico para desarrollar el plan de gobierno […]". Y añadió la Benemérita que "de hecho es en este centro donde se desarrollan los proyectos estratégicos de país […]".
La dependencia jerárquica de Sallent procedía directamente de la Secretaría General de la Vicepresidencia de Oriol Junqueras, según detalló en un cuadro la Guardia Civil.