Mientras el gobierno de Pedro Sánchez presume de su compromiso contra los incendios forestales, el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo deja en evidencia su mala gestión: España, con un territorio de 506.030 km², ha destinado sólo 221 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a medidas contra incendios. Muy por detrás de Grecia (131.957 km²) y Portugal (92.152 km²), que han invertido 837 millones y 615 millones, respectivamente. Es decir, hasta 500 millones de euros menos de media que esos países, a pesar de que España es mucho más extensa y sufre cada verano graves oleadas de incendios.
El MRR es un instrumento temporal que vincula la financiación europea a reformas e inversiones entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2026. En el caso de Grecia y Portugal, el Tribunal subraya que la financiación extra del MRR es "significativa en comparación con la procedente de instrumentos ordinarios" como el Feader, el FEDER o el Fondo de Cohesión. En Grecia, añade, la baja ejecución del Feader se explica en parte por la disponibilidad de fondos del MRR, junto a la falta de personal en el Ministerio de Energía y Medio Ambiente, dificultades en el uso de plataformas para proyectos rurales y desconocimiento de los procedimientos de licitación por parte de los servicios forestales.
Además de las cifras, el informe alerta sobre problemas en la selección de proyectos. "Este proceso de selección debería garantizar que la ayuda se canalice hacia los proyectos que mejor respondan a las necesidades identificadas", indica el documento, y recuerda que antes de 2023 sólo las zonas forestales de riesgo medio o alto podían optar a ayudas de prevención. Aunque la Comisión Europea eliminó esa restricción, "algunos Estados miembros, como España, siguen aplicando este criterio de admisibilidad".
Cortafuegos
El Tribunal de Cuentas también advierte que las medidas deben asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Pone como ejemplo que, "en Galicia, los cortafuegos deben mantenerse cada tres años; sin embargo, en 2024, las autoridades tenían previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes".
Las inversiones en infraestructuras, como cortafuegos o retirada de material combustible, "requieren un trabajo continuo y financiación cada tres o cuatro años, en función de las condiciones climáticas", y deben mantenerse operativas durante al menos cinco años tras el pago final de los fondos europeos.