Las dilaciones en los casos de corrupción que acosan al PSOE se han convertido en el día a día: de Begoña Gómez, de Koldo García Izaguirre, de José Luis Ábalos, de Santos Cerdán… Todo son recursos con el fin de dilatar las causas.
En parte se trata de estrategias defensivas puras. Pero en otra parte tiene que ver con una plan que procede directamente de Moncloa y que pasa por mejorar las opciones judiciales por medio de la Ley Bolaños: la norma que pretende entregar las instrucciones judiciales a la Fiscalía del imputado Álvaro García Ortiz. Pedro Sánchez sabe perfectamente lo que significaría para su mujer o exsecretarios de organización del PSOE, delegado del Gobierno en Madrid o exresponsables de empresas públicas imputados el poder librarse de sus instructores.
Pero Sánchez se ha topado con una molesta oposición a su pretendida norma de control de la Justicia: la de Junts. Y la orden no ha tardado en llegar: la de contentar "como sea" a Junts para que levante su rechazo de la norma.
La norma
Junts se ha encontrado con una herramienta de negociación política especialmente importante para Sánchez. Todos los casos de corrupción que rodean al PSOE, el Gobierno y el propio Pedro Sánchez podrían ser bombardeados si sale adelante una norma diseñada por Félix Bolaños precisamente con el fin de frenar a los jueces que instruyen todos estos casos de corrupción.
Esa norma -en fase de tramitación- reclama la entrega de las instrucciones judiciales a los fiscales, cosa que difícilmente se podría hacer de forma automática, pero que el PSOE quiere acelerar en los casos más delicados para Sánchez: especialmente en el de su mujer y en el caso PSOE-Koldo, donde se encuentran también imputados Ábalos y Cerdán.
Y esas mismas reformas incluyen una entrada muy representativa de jueces con menores exigencias formativas y más posibilidades de control político.
Junts está dispuesto a tumbar la reforma porque, señala, responde al intento de "uno de los partidos tradicionales de retocar a su antojo el sistema judicial". "Nunca hemos sido socios de su Gobierno. Junts no tiene entre sus objetivos la reforma del Estado español ni de sus instituciones", destacan desde Junts. Y es que, entre otras cosas, Junts teme lo que podría ocurrir con esa capa judicial en caso de llegada de un Gobierno de derechas, por ejemplo, con influencia de Vox.
Las exigencias de Junts
Junts, en esta línea y en un total del 31 enmiendas, reclama la derogación el artículo del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la que recoge la suspensión de cargos públicos por delitos de terrorismo o rebelión antes de la condena.
Los separatistas exigen también eliminar la Audiencia Nacional para dar ese poder a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
También reclaman su famoso Consejo de Justicia de Cataluña, como sustituto esa región del CGPJ, una exigencia ya tumbada por el Tribunal Constitucional en la época del Estatuto Catalán. Igualmente Junts se opone a dos medidas decisivas de la Ley Bolaños.
El Gobierno quiere crear un proceso extraordinario de acceso a la carrera judicial por concurso-oposición, con menor dureza que la actual pero más capacidad de intermediación, por ejemplo, de un centro público de preparación de los aspirantes. Ese centro, por supuesto, dependerá del Gobierno. Junts ya ha señalado que ese sistema no mantiene unas garantías equivalentes a las de la oposición libre.
El segundo de esos puntos se centra, de forma genérica, en el riesgo de politización para buscar perfiles "afines a la mayoría política del momento", tal y como señala Junts. Los catalanes exigen eliminar los artículos 306 y 313 que regulan las nuevas vías de acceso para juristas externos, por ser incompatibles con los "principios de mérito, capacidad e igualdad".
Es más, sobre los jueces sustitutos, Junts exige un concurso de méritos para quienes llevan más de 10 años de nombramientos o una oposición no eliminatoria para quienes tienen más de 3 años de experiencia.