El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este viernes en el Congreso una petición de carácter urgente para que se fiscalicen las cuentas de la Fundación Disenso, entidad de la que es presidente vitalicio el líder de Vox, Santiago Abascal. En concreto, el PSOE solicita que la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas inste a este órgano a elaborar un Informe de Fiscalización Especial sobre los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2025.
La petición del PSOE se produce después de que tres exdiputados de Vox en el Parlamento balear, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano, ahora en el grupo de no adscritos, hayan denunciado presuntas presiones por parte de la dirección del partido para desviar "ingentes cantidades de dinero" desde el grupo parlamentario hacia la Fundación Disenso.
El Grupo Socialista reclama que se examinen en detalle "la naturaleza, el origen y el destino de los fondos recibidos" por la Fundación Disenso, así como la "corrección en su contabilización y justificación", tal como consta en el escrito registrado en la Cámara Baja. Asimismo, solicita que el Tribunal de Cuentas elabore un informe específico dirigido a la Comisión Mixta, en el que se incluyan conclusiones y, si procede, propuestas de "medidas correctoras o sancionadoras".
Según reflejan las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, en el apartado de gastos, el partido de Santiago Abascal transfirió dos millones de euros a la Fundación Disenso. No se trata de un caso aislado porque en 2023, Vox ya destinó 2,5 millones de euros a este 'think tank' promovido por la propia formación. Además, según el documento económico que los afiliados y dirigentes del partido aprobaron este verano, en lo que va de 2025 Vox ha inyectado un millón de euros más en dicha fundación.
"El partido proporciona unos servicios vitales a los grupos municipales y a los grupos parlamentarios", defendió el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster subrayando que la financiación de Vox a través de sus grupos municipales y parlamentarios es "absolutamente legal".
Una petición que llega en un contexto incómodo para el propio PSOE acosado por múltiples casos de corrupción y salpicado por las revelaciones de un informe de la UCO que apunta a una posible financiación irregular dentro del partido, más allá del conocido caso Koldo.