A cada nuevo escándalo de corrupción que salpica al Gobierno, le sigue una cortina de humo. Esta semana, mientras está previsto que este miércoles el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García declaren ante el Tribunal Supremo, y los informes de la UCO apuntan ya a la existencia de una posible caja B en el partido, el Ejecutivo intensifica su agenda internacional y reactiva debates de corte populista con un claro propósito: agitar y dividir a la oposición.
La causa palestina ha sido instrumentalizada por el Gobierno en el preciso momento en que salían a la luz nuevos detalles sobre los sobres con dinero en efectivo que, según las investigaciones, habrían recibido José Luis Ábalos y Koldo García, de parte del PSOE. El conflicto en Oriente Medio, lejos de ser abordado con la prudencia que exige la diplomacia, se convirtió en un arma arrojadiza contra la oposición, articulando su discurso en torno al término "genocidio" y utilizando a la Armada para "asistir" a los integrantes de la flotilla entre los que se encontraban la activista climática Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Algo similar ocurre con el aborto, siendo un tema de alto voltaje. El anuncio de blindar el aborto en la Constitución y el enfrentamiento abierto del Gobierno con comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Aragón o Baleares, no persigue únicamente una reforma constitucional, sino que busca tensar el tablero político.
En plena polémica por el caso Koldo y con Pedro Sánchez llamado a comparecer ante la comisión de investigación del Senado, el Gobierno ha recurrido una vez más a desviar el foco. Ahora reaviva su agenda ideológica rescatando la figura de Francisco Franco. Con la vista puesta en el próximo 20 de noviembre, fecha en la que se conmemoran cincuenta años de su muerte, el Ejecutivo, con la complicidad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, prepara una jornada con representaciones teatrales, música y acróbatas.
No es casual porque en noviembre todas las miradas estarán dirigidas hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de datos sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En este caso el Gobierno opta por agitar los viejos fantasmas del franquismo para evitar afrontar las responsabilidades del presente.