Ángel Víctor Torres se cruzó mensajes con Koldo García e intercedió para que la administración que presidía realizase los pagos pendientes a la trama. De los mensajes citados en el esperado informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desprende también que el asesor del Ministerio de Transportes jugaba un papel fundamental de intermediación entre Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, y el Gobierno canario, mientras cobraba de Víctor de Aldama 10.000 euros al mes, tal y como recuerdan los agentes de la Guardia Civil.
El informe al que ha tenido acceso Libertad Digital aporta también datos sobre las operaciones realizadas, de los que se puede extraer que el total de dinero contratado fue de más de 17,5 millones de euros, concretamente 17.680.879.
En una conversación del 1 de julio de 2020 que Koldo García reenvió a Víctor de Aldama, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tranquilizaba a Koldo sobre los pagos pendientes: "Sé que me llamaste hoy, esta noche te llamo, tranquilo que estoy con la responsable de recursos económicos de Sanidad".
Dos días más tarde Koldo le manda una imagen a Víctor de Aldama de otra conversación con Torres en la que le dice "te va a llamar Antonio Olivera –que en aquel momento era Viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y hombre de confianza de Torres, que incluso contó con él en su etapa como ministro– porque estoy encima de tu pago".
"Te diste cuenta de dónde viene la propuesta"
El informe también revela el peso que tenía en la contratación que la empresa llegase recomendada por el Ministerio de Fomento que dirigía Ábalos, incluso aunque la oferta fuese más cara que otras.
De hecho, hay un correo electrónico en el que la jefa de Contratación del Servicio Canario de Salud, María Salomé Ballesteros, expresaba sus dudas acerca de la adquisición de las mascarillas: "Hemos comprado mascarillas más baratas".
A esta afirmación se le unía otra duda: era un contrato mayor, de más de 12 millones de euros, por lo que pregunta a la que la directora general de recursos económicos del servicio canario de salud, Ana María Pérez, si la Consejería tiene dinero para realizar el pago.
La contestación de Pérez es muy significativa: "Seguro que te diste cuenta de dónde viene la propuesta". En este marco, Ballesteros insiste en que las mascarillas están fuera de mercado: "A mí me da igual de dónde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos". Además, Ballesteros vuelve a insistir en que no sabe si hay presupuesto para una compra de ese precio. Sin embargo, esa misma tarde, Ana María Pérez informa a Ballesteros de que se ha formalizado el pedido.
Suministraban mascarillas antes del contrato
Asimismo, el informe destaca que la empresa Soluciones de Gestión ya estaba suministrando mascarillas a la administración canaria sin ni siquiera haber formalizado el contrato, que se suscribió el día 22 de abril; mientras que las conversaciones entre los implicados en la trama demuestran que días antes ya se estaba gestionando el envío.
El control de calidad, por fotografía
Otro extremo llamativo que señala el informe es que la idoneidad de las mascarillas sólo se comprobó a través de una fotografía. Lo reflejan así un cruce de mensajes entre Ana María Pérez y Paloma García, en el que la primera le pide que confirme si ese modelo de mascarilla "cumple como FFP2".
Al día siguiente, esto es, el 22 de abril de 2020, Paloma García responde que después de "tanta falsedad" como han tenido "ya da hasta miedo valorar un producto solo con la foto y los poquitos datos técnicos que dan", pero "en principio parece que pueden servir". Eso sí, recomienda que se testen al recibirlas "y comprobar que efectivamente filtran y al menos no traspasan líquidos (sugerencia)".