El Gobierno mantiene su férrea defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el presidente del Ejecutivo declarara que "es inocente" mientras el juicio sigue su curso. Lejos de moderar el tono, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha tratado de revestir la evidente injerencia de Sánchez bajo el paraguas de una simple "opinión". "El presidente no dijo nada que no haya verbalizado en otras ocasiones. Desde luego, el respeto a la Justicia que siempre hemos manifestado no es contradictorio a manifestar una opinión", deslizó Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros amparándose en que las declaraciones del jefe del Ejecutivo se enmarcan en "una entrevista periodística", un contexto que, según Moncloa, permite dar "opinión" y no pertenece al "ámbito institucional".
Alegría ha insistido en que "no se han planteado pruebas contra el fiscal", obviando, por ejemplo, que durante una sesión del juicio en el Tribunal Supremo la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, reveló que advirtió sobre la filtración de correos en el caso de González Amador, pero García Ortiz minimizó su importancia.
"No hay ninguna intromisión, hay un respeto absoluto a la justicia", ha reiterado la ministra de Educación. El Gobierno pretende presentar como una simple opinión lo que, en la práctica, constituye una forma de presión institucional sobre un procedimiento judicial todavía en curso. Fuentes del Ejecutivo minimizan el alcance de su respaldo al fiscal general del Estado, procesado por revelación de secretos, y niegan que su intervención constituya un "choque institucional".
De hecho, sobre esta cuestión Alegría ha aprovechado para cargar contra el principal partido de la oposición al que acusa de impulsar una "falsa polémica", asegurando que ellos "siempre" han dicho "lo mismo" y rechazando que, con las declaraciones a favor de la "inocencia" de García Ortiz, hayan quebrado la independencia judicial, como denunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.