La futura Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso Derivado de Acciones Judiciales Abusivas ya ha comenzado su andadura. El PSOE busca una tramitación rápida y persigue sanciones ejemplares para lo que califica como "creadores" de contenidos que, según el partido de Pedro Sánchez, acosan con sus informaciones sobre corrupción.
El texto ya es una realidad y acaba de ser registrado en el Congreso de los Diputados por el partido de Pedro Sánchez. "La sociedad española cuenta con una enorme diversidad política y cultural y se ha caracterizado en las últimas décadas por la resolución pacífica y democrática de sus distintos conflictos y discrepancias, fruto de la existencia de distintos puntos de vista", señala en la exposición de motivos el partido del mismo presidente que instauró un muro para todos los que no pensaran como él.
"No obstante, en los últimos años han emergido dos circunstancias que han tensionado dichos mecanismos sociales de debate y las instituciones que los encauzan.
- Por un lado, la aparición de sectores manifiestamente autoritarios que en lugar de buscar un contraste de puntos de vista **con base en** debates informados buscan la plena exclusión de la vida pública de los que mantienen posiciones contrarias", afirma el PSOE.
- "Y, por otro lado, el empleo de estrategias abiertamente lesivas para los derechos fundamentales de aquellas personas y organizaciones enfrentadas a los sectores antes mencionados. Se generalizan así situaciones de acoso contra determinados colectivos, como artistas, activistas, creadores y también representantes políticos, que pretenden limitar sus derechos haciendo un uso abusivo de las instituciones y de determinadas disposiciones legales, cuya configuración y fines reales no están en absoluto destinados a servir a las estrategias de acoso y exclusión aquí descritas".
En resumen, que Sánchez busca un parapeto frente a las informaciones críticas y su elevación a la Justicia por medio de acusaciones populares.
La futura ley "se enmarca en ese mismo esfuerzo dirigido a proteger las posibilidades de participación en la vida democrática, pero se proyecta sobre otro tipo de procedimientos judiciales, dado que el acoso no solo se articula a través de los procedimientos civiles […]".
"El objetivo de esta ley es, por tanto, garantizar derechos fundamentales y, concretamente, el derecho al honor, a la libertad de expresión y creación y a la participación política", afirma el PSOE.
Estrategias señaladas
¿Cómo dice querer hacerlo? "Primero, el recurso a tipos penales claramente obsoletos con el ánimo de atacar a creadores y activistas, obligándoles a ser parte de procesos penales costosos claramente abocados al archivo dada la jurisprudencia que existe sobre los mismos, pero que cumplen sobre todo una función disuasoria y también de amenaza a otros creadores, con la expectativa de que se autocensuren, privando así a la sociedad de puntos de vista y expresiones artísticas plurales", señala el partido que ha incluido hasta a los jueces en lo que denomina "fachosfera".
Segundo, "el intento de influir sobre la Administración de Justicia, instando a los jueces y magistrados a posicionarse políticamente. Esto no solo puede afectar al derecho a un juez imparcial, contenido indispensable del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también a la propia imagen de independencia del Poder Judicial y, por consiguiente, a la cohesión política en torno al Estado Social y Democrático de Derecho", añade el PSOE.
Para ello, el PSOE aborda la "regulación de las causas de abstención en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en su caso, recusación" para configurarlas, dice, "como salvaguardia de los principios de independencia, integridad e imparcialidad en la impartición de justicia. Se trata de evitar comprometer o perjudicar la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene el justiciable sobre la neutralidad de la administración de justicia".
Y "se incluye una nueva causa de abstención y recusación en el artículo 219 para dar cabida a actuaciones llevadas a cabo por jueces y magistrados en su calidad de representantes de un poder del Estado que pueden afectar a su apariencia de imparcialidad cuando exterioricen manifestaciones públicas censurando, o mostrando acuerdo o desacuerdo con las actuaciones o instituciones públicas o sus representantes, se dirijan a ellos privadamente con tal finalidad, o participen en actos o concentraciones con idéntico objeto".