El juez ha dejado en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido el pasado martes por la UCO de la Guardia Civil en una operación contra una supuesta trama de comisiones ilegales. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería —actualmente en manos de un JAT por la baja de la titular— le ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.
García sigue investigado por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y corrupción en la contratación pública, en una causa que pone el foco en adjudicaciones de contratos y posibles mordidas vinculadas a la Diputación.
Su defensa sostiene que el dirigente popular ha colaborado de forma plena con la Justicia. Su abogado, Joaquín Monterreal, afirmó que "En ningún momento ha ocultado nada y se facilitó toda la documentación que obraba en su despacho. Todo lo que tenía que explicar se explicaba en cinco minutos". Según el letrado, "las cosas que había en duda eran dos cosas muy puntuales, que han quedado perfectamente acreditadas y, sobre todo, la tranquilidad que te da el respaldo de haber declarado todos sus ingresos". Monterreal añadió que "Es una persona que durante seis años no ha tenido ningún problema, pese a saber que se estaban investigando y verse en esta situación, pero da la tranquilidad tener la documentación y tener todo en regla y acreditado".
Junto a García han quedado en libertad los otros cuatro detenidos el martes: el exvicepresidente provincial Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), el hijo de este y el jefe de Contratación de la Diputación. Todos ellos se negaron a responder a las preguntas de las acusaciones, incluida la Fiscalía, y contestaron solo a sus abogados durante una comparecencia de más de tres horas. La acusación popular, ejercida por el PSOE, fue la única que solicitó su ingreso en prisión. El juez, sin embargo, no apreció riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
El abogado de Giménez, Basilio Casanueva, destacó a la salida de los juzgados que "La acusación es compleja y tiene muchos matices que tenemos que analizar, porque hay una parte que está bajo secreto del sumario que tenemos que analizar".
Los tres cargos del PP implicados han sido suspendidos de militancia, pero ninguno ha renunciado por el momento a sus responsabilidades institucionales. Sobre las 15.50 horas, los detenidos y sus defensas abandonaban la Ciudad de la Justicia de Almería.
Una causa que nace del caso Mascarillas
La investigación actual está directamente relacionada con el llamado caso Mascarillas, destapado en 2021. La UCO empezó a seguir el rastro de la Diputación almeriense mientras examinaba las escuchas de una banda dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo de capitales en Barcelona. En una de esas comunicaciones con un empresario apareció un contrato de emergencia para la compra de material sanitario por parte de la Diputación de Almería.
A partir de ahí, los agentes centraron su atención en los tratos del entonces vicepresidente tercero del organismo, Óscar Liria, con el empresario Kilian López. Según las pesquisas, Liria habría facilitado la adjudicación de dos millones de euros a cambio de una comisión de 945.000 euros. Un año después de ese acuerdo fue detenido. La UCO y el Juzgado de Instrucción 1 de Almería llevan cuatro años trabajando en este caso y en las supuestas mordidas que habrían cobrado los dos exvicepresidentes provinciales.
Las pruebas recabadas llevaron a abrir nuevas líneas de investigación que apuntan a contratos de obras públicas. En la operación de este martes se registraron diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes de sociedades mercantiles, además de dependencias de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines. El auto que autoriza los registros señala que "existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales". Añade que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros".
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya apuntaron que algunos de los implicados no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos sospechosos, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero", lo que encajaría en un delito de blanqueo de capitales.
El "todopoderoso" en las escuchas
Las escuchas del caso Mascarillas también salpican al presidente de la Diputación. En las conversaciones intervenidas por la UCO, los entonces exvicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria se refieren a Javier Aureliano García como el "todopoderoso". En una de esas comunicaciones, Giménez dice: "El escollo de C. lo tenemos quitado del medio. He hablado con él. Es una pena. ¿Puedes meterle algo de presión?". Liria le pregunta si el "todopoderoso" es la persona con la que ha hablado para sortear el escollo, y Giménez responde que sí.
Según recoge el atestado, "La referencia al 'todopoderoso', considerando los cargos ostentados por todos ellos, estaría efectuada a Javier Aureliano García".
En total, en la causa hay unas 17 personas investigadas. La mayoría están en libertad, pero obligadas a comparecer cuando sean citadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Almería, dentro de esta investigación por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.