Mientras la herida sigue abierta en el PSOE por el caso Salazar y con el temor creciente de perder el voto femenino tras los audios de José Luis Ábalos y Koldo García y la negligente gestión de las pulseras antimaltrato, el Gobierno intenta reanimar la campaña en Extremadura desde Moncloa para que el batacazo que dibujan las encuestas resulte, al menos, menos reseñable.
Para ello, en Moncloa barajan adelantar al 15 de diciembre el balance anual del presidente del Gobierno, según fuentes gubernamentales, coincidiendo de lleno con la campaña extremeña. La maniobra permitiría a Pedro Sánchez exhibir los logros de su Ejecutivo en pleno proceso electoral, desafiando abiertamente a una Junta Electoral Central vigilante y que podría acabar sancionándole con una multa de entre 300 y 3.000 euros.
"Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones", establece el artículo 50.2 de la Ley del Régimen Electoral General. Con este marco, la Junta Electoral Central, previo paso por la Junta Electoral de Extremadura, estará pendiente de cualquier posible vulneración de la neutralidad institucional durante el proceso electoral.
En el acto de arranque de campaña, el presidente del Gobierno volvió a poner el foco en la quita de la deuda. "Es como ir al banco y que te ofrezcan quitarte una parte de tu hipoteca, y decir que no", defendía Sánchez, que ha decidido volcarse por completo en esta cita electoral. Ya ha acudido en dos ocasiones y tiene prevista su presencia a mitad de campaña y en el cierre. También contará con un amplio despliegue de ministros del Ejecutivo.
Este adelanto del balance anual previsto, a falta de confirmación, para mediados de mes en lugar de la habitual última semana de diciembre, podría jugar también a favor de Pedro Sánchez. Le permitiría evitar comparecer tras los comicios de Extremadura donde no se esperan buenos resultados para el PSOE con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado, con la vista judicial programada a finales de mayo por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del hermano del presidente en la Diputación pacense, donde también se sentará el propio David Sánchez.
Se espera que Sánchez presente un balance triunfal, similar al que ofreció al cruzar el ecuador de la legislatura en julio, cuando ya aseguraba que agotaría la legislatura, defendía su "prontitud" ante la corrupción con su exsecretario de organización, Santos Cerdán, en prisión provisional tras "poner la mano en el fuego" por él y anunciaba que lucharía por sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, tras incumplir con el mandato constitucional, el Gobierno de coalición sigue sin reunir los apoyos necesarios para aprobar unas Cuentas Públicas que llevan vigentes desde la pasada legislatura.