El Gobierno ha vivido, una semana más, una jornada negra marcada por los casos de corrupción y los escándalos sexuales. Cuando todavía colea la polémica por Paco Salazar, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, fue forzado a dimitir entre acusaciones de acoso por parte de seis mujeres. Además, Leire Díez y el expresidente de la SEPI, mano derecha de María Jesús Montero, fueron detenidos. Una tormenta perfecta ante la que Pedro Sánchez opta por no dar la cara.
En plena sacudida, el jefe del Ejecutivo se ha refugiado en su agenda internacional y, a las 18.40 de este miércoles registraba una petición en la Mesa del Congreso para votar de forma telemática en el Pleno de este jueves, lo que le permitirá no aparecer por la Cámara, según trasladan fuentes parlamentarias. La justificación es su participación en la reunión de primeros ministros que se celebra esta tarde para hablar sobre la guerra en Ucrania, y que se llevará a cabo por videoconferencia.
La cita no aparece siquiera en su agenda pública, que Moncloa no ha dado a conocer. Sánchez eludirá a la prensa en un día en el que debería dar la cara para ofrecer alguna explicación por los escándalos. El órgano rector de la Cámara, presidido por Francina Armengol, con mayoría del PSOE y Sumar, sale así a su rescate, concediéndole la opción de no acudir al Parlamento.
Fuentes de la Mesa señalan que "es curioso que no se hubiera comunicado a este órgano con mayor antelación el encuentro". Esto evidencia el interés del presidente por esquivar al Congreso en un momento tan delicado para el Gobierno y el PSOE, herido con un asunto especialmente sensible para su electorado, como ya recogen las encuestas que reflejan el desgaste del Gobierno. De hecho, Sánchez ha evitado hasta ahora someterse a las preguntas de la prensa, que apenas pudo hablar con él en los tradicionales corrillos del Día de la Constitución, sin cámaras.
El presidente sí respondió a Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control al Gobierno, sin nombrar a ninguno de los señalados por acoso sexual, asunto que englobó en un supuesto "acoso laboral sistémico" que afectaría a las empresas en general, restándole así importancia. Presumió, además, de los protocolos antiacoso del PSOE, a pesar de que el partido tardó cinco meses en actuar y sólo lo hizo cuando la polémica regresó a los medios de comunicación.