El blanqueo del caso Plus Ultra implica directamente al régimen de Maduro: se nutría de fondos contra la pobreza

España archivó provisionalmente su caso Plus Ultra porque no encontró nada ilícito en el rescate de una aerolínea que representaba el 0,03% de los vuelos nacionales, que fue calificada de estratégica teniendo un avión operativo y que acumulaba pérdidas de más de 13 millones previas al rescate, por lo que parece obvio que no caía por la pandemia de la covid.

Y fueron Francia y Suiza quienes volvieron a forzar la investigación de Plus Ultra ante la pista de blanqueo venezolano de oro, pero también de dinero procedente de la lucha contra la pobreza. En concreto, de dinero controlado por los CLAP venezolanos, los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, controlados por la narcodictadura de Nicolás Maduro y que afirman ser una salvaguarda frente a la pobreza del país.

La red ahora investigada en España incluye desde empresarios ubicados en Canarias y de origen peruano, como Khristian Eduardo Alegre Walter, hasta otros, también peruanos pero cuya pista deambula de París hasta República Dominicana, como Enrique Martín Baca Arbulu, su hermano Luis Felipe Baca Arbulu, sociedades presuntamente usadas en el entramado como Kaimana Capital, Lagundri y Trowbridgeet, residentes en República Dominicana de origen venezolano, como Gabriela Puente Garaboa, u otros empresarios relacionados también con el chavismo, como Danilo Alfonso Diazgranados.

La investigación es amplia e incluye desde delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida o tráfico de influencias.

Pero una de las reclamaciones de Suiza y Francia ha acabado en un hecho llamativo porque afecta directamente a un programa público supuestamente benéfico del régimen de Nicolás Maduro: los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Se trata de los CLAP y consisten en programas de distribución de alimentos básicos importados promovidos por el gobierno de Venezuela desde el año 2016.

El programa es uno de los mecanismos de supuesta solidaridad más publicitado por la narcodictadura, que le permite contar con comités que distribuyen los alimentos prioritarios casa por casa, generando un poderoso sistema de control y pago por lealtad. O, dicho de otro modo, de condena al hambre por deslealtad al régimen dictatorial.

Los comités han estado sujetos a infinidad de polémicas y denuncias por parte de la oposición democrática de Venezuela por estar plagados de corrupción, utilización política y variaciones de los precios justificados para los alimentos sin control alguno.

Zapatero y la actuación de las fiscalías europeas

Ahora, esa figura entra de lleno en el caso Plus Ultra y en la presunta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. Las fiscalías francesa y suiza fueron las que relanzaron esta investigación. Y no sólo lo hicieron por la relación con el negocio del hambre en Venezuela.

Reclamaron a la Fiscalía Anticorrupción española los registros domiciliarios en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca por la presunta implicación de varios ciudadanos de origen venezolano o peruano en una trama de blanqueo de capitales que llegaba hasta el negocio del oro, también bajo férreo control de la dictadura de Maduro.

La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió ya en octubre de 2021 un informe al Ministerio Público de ese mismo país alertando de pagos de 2,7 millones de euros relacionados con esos focos de negocio y blanqueo. A los pocos días, la Fiscalía suiza lanzó su investigación ya bajo la acusación de "organización criminal" para el blanqueo "a gran escala" con implicación de "personas sujetas a sanciones internacionales".

¿Y cuál habría sido la utilidad y necesidad del rescate de Plus Ultra en ese engranaje? Pues que los 53 millones de euros pagados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de María Jesús Montero habrían servido para el pago de las nóminas de los empleados de la compañía aérea durante ese periodo y para, presuntamente, la devolución de préstamos concedidos para el mantenimiento de una estructura usada por esa red de blanqueo. De hecho, la Fiscalía apunta a una empresa que concedió los préstamos a Plus Ultra y vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a otra firma de Emiratos Árabes Unidos.