"El escándalo de la DGAIA es uno de los episodios más repugnantes y nauseabundos de la historia reciente de Cataluña. A la corrupción perfectamente organizada –clientelismo, puertas giratorias, prórroga ilegal de contratos, facturas falsas por doquier–, se añade lo más inmoral, sin duda: tutela deficiente de niños y adolescentes con abusos y pederastia constantes". Así resumía el pasado 17 de diciembre la situación de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalidad catalana (DGAIA) el presidente del PP en esa región, Alejandro Fernández.
Fernández interpelaba al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, en la última sesión de control del pasado año. Para el dirigente popular, "su Gobierno, señor Illa, no es directamente responsable de estos actos, fue el Gobierno anterior apoyado y sostenido –eso sí– por ustedes, que evidentemente miraron siempre hacia otro lado, con un muy bajo nivel de exigencia a pesar de que hacía muchísimo tiempo que sonaban todas las alarmas. Ustedes no son responsables, efectivamente, pero sí que se tapan mutuamente las vergüenzas. Se trata de una reedición de aquel legendario oasi català sociovergente que reventó con el tres per cent, pero digamos que en una nueva versión tripartitos punto cero –Comuns, Esquerra, PSC– con el siempre ambiguo y extraño papel de Junts per Catalunya".
Y seguía así: "Su respuesta al escándalo, señor Illa, está siendo tímida e insuficiente desde hace demasiado tiempo. Maquillar un poco por aquí, a ver si pasa el tiempo y el asunto escampa. Por no hablar de su comisión de investigación fake. Ustedes se la guisan y ustedes se la comen. Y lo más preocupante de todo, siguen renunciando a acudir a la justicia con el demoledor informe de la Sindicatura de Comptes. ¿Por qué? ¿Qué temen que ocurra? ¿Qué temen que se descubra?"
La respuesta de Illa no solo consistió en lanzar balones fuera. También ciñó los escándalos a meros "errores administrativos", "decisiones que se adoptaron para no dejar desatendidas a personas menores de edad prorrogando contratos. (...) Si usted tiene evidencia o alguien de esta cámara de alguna otra cosa, que haga lo que debe hacer, no decírmelo aquí, que es muy cómodo, irse a donde se va, presentando la evidencia. Porque ya está bien de insinuaciones".
PP y CUP, en la misma línea
En esa misma sesión se producía una situación inédita. El portavoz de la CUP, Xavier Pellicer, coincidía con Alejandro Fernández en reprochar a Illa que "hubiera corrido en el caso de la DGAIA a tapar las vergüenzas votando en contra de las recomendaciones de la defensora del pueblo".
La alusión soliviantó a Illa, que acostumbra a tratar a todos los partidos, menos PP, Vox y Aliança Catalana, con extrema cortesía. "Escúcheme, yo no encubro a nadie, ya lo he dicho antes. Quien tenga datos de alguna cosa más hecha, que vaya donde deba ir, pero tampoco extendamos sospechas falsas. (...) Si hay personas que denuncian actitudes que se hicieron... cosas que se hicieron hace un tiempo, que no se escondan tapándose la cara, que lo vayan a denunciar y tendrán toda la protección y la cobertura del Govern. Que vayan a denunciarlo donde se debe denunciar. Yo no encubro a nadie ni tengo necesidad de encubrir nada. Ahora, tampoco daré pábulo a falsas denuncias ni insinuaciones. Quien tenga alguna cosa que denunciar, que vaya a denunciarla, punto, y tendrá la protección y la cobertura del Govern de Cataluña".
Illa se refería de ese modo al educador social de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Fundación Mercè Fontanilles-Fundación Resilis, con un concierto con la DGAIA para servicios como el seguimiento de jóvenes extutelados por la Generalidad. Dicho trabajador tiene la consideración de testigo protegido de la Oficina Antifraude de Cataluña porque denunció los tejemanejes económicos y las numerosas irregularidades de las entidades contratadas por la Generalidad y vinculados en muchos casos a miembros de ERC, partido que sustenta a Illa.
Un sinfín de irregularidades
El escándalo se destapó por las repetidas violaciones de una niña de 12 años que estaba a cargo de la DGAIA. La menor no solo había sido violada por un pedófilo, sino que también había sido prostituida. El caso abrió una especie de caja de Pandora que puso sobre la mesa un sinfín de irregularidades económicas.
Hasta tres instituciones dependientes de la Generalidad (Sindicatura de Cuentas, Oficina Antifraude y Síndica de Agravios) investigan a la DGAIA, que subcontrata la atención a los menores en situaciones de riesgo a una serie de fundaciones en las que aparecen ex altos cargos de la administración autonómica vinculados a ERC en la mayoría de los casos. Las excepciones son los ex altos cargos relacionados con Junts.
La Sindicatura de Cuentas destapó toda clase de irregularidades económicas entre los años 2016 y 2020, siendo presidentes de la Generalidad Carles Puigdemont y Quim Torra y consejeros de Derechos Sociales Dolors Bassa, de ERC, y Chakir El Homrani, también del partido de Oriol Junqueras.
El informe de la Sindicatura indica que durante esos años se adjudicaron contratos sin proceso de licitación a una serie de fundaciones agrupadas en una denominada "Plataforma Educativa", algunos de cuyos responsables han sido consejeros, diputados y concejales de ERC.
A esos contratos concedidos por procedimientos de urgencia que no eran de aplicación se habrían destinado al menos 98 millones de euros en los cuatro años de la auditoría de la Sindicatura, dinero que en gran parte fue a parar a las fundaciones de los directivos relacionados con ERC. A eso hay que añadir prórrogas automáticas (e ilegales) de contratos por un monto de 86 millones de euros. El responsable de la DGAIA en aquel periodo dimitió y volvió a su cargo en una de las fundaciones investigadas, la Fundación Resilis.
Otra fundación llamada FASI destinó dinero traspasado por la DGAIA a alquilar pisos a través de una inmobiliaria que había comprado la misma fundación. Según la Sindicatura de Cuentas, entre 2012 y 2015, FASI pagó 1,5 millones de euros en alquileres de pisos para menores a su propia inmobiliaria. En algunos casos se pagaban entre 3.000 y 5.000 euros al mes por pisos en los que estaban acogidos menores en riesgo. Al frente de esta fundación figura un exalcalde y exvicepresidente de la Diputación de Gerona por Convergència. A estos casos hay que sumar el denunciado por el educador social ante la Oficina Antifraude, el de los pagos irregulares a jóvenes extutelados.
A cargo de la DGAIA hay unos 20.000 menores, de los que 8.867 están en régimen de tutela o de guarda –como el caso de la niña de 12 años violada–. La DGAIA contrata con fundaciones privadas la atención de estos menores en los llamados Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE). Los educadores sociales explican que les faltan medios y personal y que los CRAE no son cárceles, por lo que los acogidos pueden entrar y salir a su antojo.
De DGAIA a DGPPIA
A pesar de los informes y testimonios sobre las irregularidades, la Generalidad de Illa se ha limitado a cambiar el nombre a la dirección general, que ahora se llama Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).
La consejera de Derechos Sociales de la Generalidad, Mónica Martínez Bravo, aseguró que el cambio de nombre de la dirección general y los retoques en su estructura no suponen una descalificación del trabajo llevado a cabo por la infausta DGAIA sino que responden al aumento de población, la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados y la necesidad de establecer controles financieros más eficientes. Cualquier cosa antes que acudir a la justicia y presentar la documentación elaborada por la Sindicatura de Cuentas, la de Agravios y la Oficina Antifraude y que pone en tela de juicio la legalidad de la gestión de ERC.