Los alcaldes del Partido Popular de municipios de más de 100.000 habitantes han elevado la presión sobre el Gobierno ante la gestión caótica, improvisada y profundamente injusta de la inmigración irregular, cuyas consecuencias recaen casi en exclusiva sobre los ayuntamientos. Exigen la creación inmediata de un fondo específico de financiación local que permita afrontar los crecientes costes en educación, sanidad, servicios sociales, atención humanitaria y seguridad, derivados de una política migratoria que el Ejecutivo central ha dejado sin respaldo presupuestario.
Como ha podido conocer Libertad Digital, esta reclamación, rubricada en los Acuerdos de Burgos el pasado 29 de noviembre, incluye además la reclamación de una coordinación real y eficaz a través de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y la CNAL (Comisión Nacional de la Administración Local).
De este modo, el PP fija la hoja de ruta municipal con la que arranca el nuevo año político y que desembocará en la Interparlamentaria que celebrarán en La Coruña en enero, donde "dejarán claro que el cambio político empieza en lo local y que hay una alternativa sólida frente a un Gobierno fallido". Una cita clave para evidenciar que, frente a la parálisis de La Moncloa, los gobiernos municipales populares están asumiendo responsabilidades ante la dejación del Estado.
"Frente a un Ejecutivo agotado y a un Vox cómodo en la protesta estéril, el PP demuestra desde los ayuntamientos que sí hay otra forma de hacer política", sostienen fuentes del PP, que se erigen como la alternativa ante un Gobierno "bloqueado, sin Presupuestos y más pendiente de sobrevivir que de gobernar". Una crítica que apunta directamente a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y a su incapacidad para ofrecer respuestas estructurales a problemas que afectan al día a día de millones de ciudadanos con un precio de la vivienda disparado y un poder adquisitivo que no deja de retroceder.
El Partido Popular con más de 3.200 alcaldes contrapone así su modelo de gestión municipal a la acción gubernamental de Sánchez a base de "parches ideológicos". Reivindica "vivienda asequible" para los jóvenes, la "defensa del comercio local frente a su asfixia fiscal y normativa", la protección de la propiedad privada y la seguridad en las calles, frente a un Gobierno que, según denuncian, "descompone la acción del Estado y abandona a la clase media". Un diagnóstico que conecta con el malestar creciente de los municipios, obligados a asumir competencias sin recursos mientras el Ejecutivo prioriza pactos políticos y equilibrios parlamentarios para resistir y aguantar ante los casos de corrupción y acoso sexual que salpican al Gobierno, al PSOE, y al entorno personal de Pedro Sánchez.