La UCO tiene el convencimiento de que las facilidades dadas a la Trama de hidrocarburos dispararon las expectativas de negocio de los implicados hasta el punto de que pensaron en duplicar su estructura y contar, no con un mayorista de venta de combustibles, sino con dos.
Y eso supone toda una prueba de que las promesas que recibían eran las de que contaban con apoyo del Gobierno, el mismo que, de hecho, les permitió tener una primera licencia para la venta, la de la sociedad Villafuel.
"La investigación desarrollada" ha pretendido "reconstruir la secuencia de hechos protagonizados por Claudio Rivas, desde finales de 2020 cuando, encontrándose incurso en las investigaciones desarrolladas en ese momento, comenzó a diseñar una estructura empresarial cuyo principal objetivo sería controlar una o dos operadoras mayoristas en el mercado de los hidrocarburos", explica la propia UCO en uno de sus últimos informes.
El objetivo final era "dominar parte del sector y continuar con la operativa defraudatoria que le generaba millones de euros en ingresos". Se trata de palabras mayores: "Dominar parte del sector". Un sector plagado de operadores y donde la trama irrumpía sin una posición de predominio aunque, eso sí, con muy buenos contactos.
En concreto en tres ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez: Transportes (de José Luis Ábalos), Transición Ecológica (bajo manos de Teresa Ribera) e Industria (comandado por Reyes Maroto en aquellas fechas).
Y el trato fue tan privilegiado –les dieron la licencia a Villafuel en medio de unas operaciones que han acabado en un fraude fiscal de 182 millones de euros y vendiendo petróleo venezolano de la narcodictadura venezolana– que pensaron en duplicar la estructura.
El fraude detectado por la UCO
El caso hidrocarburos dejó tras de un brutal fraude fiscal que, sin embargo, no fue detectado por Hacienda. Tuvo que llegar la UCO para cazarlo.
En este caso se entremezclan los habituales José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Koldo García Izaguirre, pero cada día más dos personas que hasta ahora se habían librado de todo pese a aparecer mencionados sus ministerios en innumerables ocasiones: Teresa Ribera, la que fuera vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y ahora es vicepresidenta de la UE, y Reyes Maroto, actual líder del PSOE en la ciudad de Madrid y ministra de Industria por aquellas fechas.
Se trataba presuntamente de una trama de venta de petróleo venezolano que eludía el pago de este impuesto por medio de declarar que no se iba a vender en España y posteriormente se colocaba en el mercado interior.
La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos.
Con estas prácticas buscaron la influencia en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Y las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada prueba la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos.
La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas.
El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos.
La licencia de Villafuel
La trama necesitaba una empresa nacional: Villafuel. Y la licencia fue autorizada por el Departamento de Ribera. Pues bien, la UCO no ha dudado en señalar directamente a la entonces vicepresidenta de Pedro Sánchez porque la trama tenía un objetivo: "Obtener la autorización eludiendo la obligación de acreditar la capacidad financiera disponiendo de recursos propios afectos a la actividad, de al menos, tres millones de euros".
Y por el camino llegó la gestión del Ministerio de Industria, que se sumó para favorecer la licencia.