Tras el duro varapalo electoral en Extremadura, el Ejecutivo ha puesto en marcha una estrategia para disfrazar las cesiones a los independentistas con más inversiones en el resto de las comunidades con el claro objetivo de frenar la sangría de votos de un PSOE debilitado por los escándalos de corrupción y acoso sexual. Tras meses de demoras, el Gobierno ha iniciado 2026 utilizando el nuevo modelo de financiación autonómica como un instrumento político. Bajo la batuta de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la medida busca consolidar el bloque de investidura de Pedro Sánchez y desgastar a la oposición.
La medida del Ejecutivo no solo persigue garantizar la lealtad de sus socios independentistas, sino también reforzar la imagen de la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en Andalucía, de cara a los próximos comicios. Montero se ha guardado un as bajo la manga al situar a Andalucía entre las grandes beneficiarias del nuevo modelo de financiación, convirtiendo el reparto de recursos en una palanca política. El acuerdo, negociado de manera bilateral en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC, Oriol Junqueras, inhabilitado por la justicia, se convierte en un nuevo escenario donde el Gobierno mezcla cesiones políticas y reparto de dinero público con fines electorales.
No corre la misma suerte Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno y candidata del PSOE en Aragón, que se enfrenta a las urnas el próximo 8 de febrero. Mientras Cataluña recibirá 4.700 millones de euros más, Aragón apenas verá 629 millones adicionales, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, acentuando la desigualdad entre territorios.
Los votos de ERC son determinantes para Sánchez, que sigue sin contar con unos Presupuestos Generales del Estado. De ahí que defienda que es hora de renovar este modelo de financiación, que han tildado de "justo", "equilibrado" y que beneficia a todas las comunidades autónomas, siendo Cataluña la más favorecida. De hecho, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ocultó que la estrategia del Ejecutivo está claramente orientada a satisfacer al independentismo. "Es habitual que Cataluña sea quien lidere ese tipo de debates", defendió el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, dando por válido que la financiación de todas las comunidades se negocie en primera instancia con Cataluña.
Además, el Gobierno pretende poner al PP contra las cuerdas y alimentar una estrategia de desgaste en las comunidades autónomas, bajo el prisma de que sean los barones populares quienes rechacen un aumento de recursos para los servicios públicos, mientras el Ejecutivo convierte las arcas públicas en una herramienta a su servicio.