En pleno avance letal del covid, Pedro Sánchez tuvo tiempo para centrarse en un asunto que debió considerar decisivo para él, su Gobierno o su partido: el secreto de las declaraciones del que fuera jefe de inteligencia de Venezuela, El Pollo Hugo Carvajal. El Pollo ha acabado declarando ante EEUU, pero no con ayuda de España. Y el que fuera jefe de los espías chavistas ha apuntado a los negocios con petróleo y oro venezolanos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero, de nuevo, no con ayuda del Gobierno socialista español. Y es que en marzo de 2020, y con el foco puesto en la petición de extradición del Pollo a EEUU, el Gobierno se negó a dar explicaciones de sus actos o de los servicios de inteligencia españoles en esta materia por considerarlos secreto de Estado.
La huida bajo secreto de Estado
El Gobierno no ha querido, bajo ningún concepto, dar información de su papel y del CNI en la huida de El Pollo Carvajal protagonizada en aquellas fechas y en plena petición de entrega de EEUU debido a sus investigaciones sobre la narcodictadura venezolana -lanzadas ya en el año 2020-. El Pollo fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) del chavismo. El Grupo Parlamentario Vox reclamó en aquel momento explicaciones sobre una fuga sospechosa que, pasado el tiempo, se saldó con una súbita reaparición y detención del espía venezolano.
Vox exigió oficialmente datos sobre la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el bloqueo a la petición de extradición de EEUU del espía chavista y en su posterior huida. Y la respuesta del Gobierno fue remitirse a la Comisión de Secretos Oficiales "dada la clasificación como secreta de las actividades, medios y procedimientos del CNI". Traducido: que hubo una negativa plena a contar lo ocurrido en aquel extraño capítulo que sucedía, casualmente, cuando más poder tenía Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez y cuando más información podía aportar el Pollo sobre las visitas y cobros de los que a partir de 2014 fueron los impulsores oficiales de Podemos: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón.
Las preguntas parlamentarias
Las preguntas de Vox fueron claras: "¿Conocía el Gobierno la ubicación de Hugo Carvajal en España? ¿Ha entorpecido el Gobierno la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos? Si no es así, ¿por qué no se ha producido la captura de Carvajal? ¿Por qué informó la prensa hace días que el CNI iba a entregar a Carvajal?".
Y la respuesta, toda una evasiva: "En relación con el asunto interesado, se señala en primer lugar que la pregunta tiene su base en distintas informaciones publicadas en prensa en relación con hechos de los que no se tiene constancia. En todo caso, subrayado lo anterior, debe señalarse que el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente".
La cobertura legal del CNI
El Gobierno añadió: "El CNI se somete al artículo 2.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, que prescribe expresamente: "El Centro Nacional de Inteligencia se regirá por el principio de sometimiento al ordenamiento jurídico y llevará a cabo sus actividades específicas en el marco de las habilitaciones expresamente establecidas en la presente Ley y en la Ley Orgánica 2/2002, de 7 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia". Por ello, "dada la clasificación como secreta de las actividades, medios y procedimientos del CNI, en su caso, el control parlamentario de las mismas debe recabarse a través del órgano legalmente destinado a ese fin en el Congreso de los Diputados, esto es, la Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI".
Hay que recordar que, por aquellas fechas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había incluido en su lista de los chavistas más buscados, además de a Nicolás Maduro y sus cómplices más cercanos, al general Hugo Carvajal -el Pollo- y al viceministro Nervis Villalobos.
Sobre ellos recayó incluso una recompensa de 10 millones de dólares –cinco millones menos que el premio ofrecido por la entrega de Maduro– y se les acusó de proteger y enriquecerse con el cártel del narcotráfico Los Soles.