El trágico accidente de Adamuz ha vuelto a poner en evidencia las deficiencias de los servicios públicos en España. La falta de inversión y mantenimiento en la red ferroviaria, ya señalada por expertos y sindicatos, ha provocado indignación entre los maquinistas que han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero que paralizará gran parte del transporte ferroviario. Pero no será la única movilización. Los médicos iniciarán una huelga indefinida a partir del 16 del mismo mes contra el Estatuto Marco de la ministra Mónica García, reclamando mejores condiciones laborales y recursos suficientes para atender a los pacientes.
La acumulación de movilizaciones en sectores clave evidencia el descontento generalizado y la percepción de que el Ejecutivo no está a la altura de sus responsabilidades. Hasta ahora, la estrategia de Moncloa estaba orientada a confrontar con los modelos del Partido Popular; sin embargo, tras el primer informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que señala como principal hipótesis del accidente la rotura de la vía, tan solo once días después de haber sido revisadas, apunta directamente a la empresa pública Adif, competencia del Ministerio de Transportes.
A esto hay que sumar los constantes bandazos de Adif en la gestión de las incidencias registradas por los maquinistas, que esta semana han visto cómo los límites de velocidad se aumentaban y reducían de manera arbitraria.
De ahí la aspiración del Gobierno de Sánchez de imponer su relato a través de documentos que Moncloa pone en circulación entre la prensa para justificar que la inversión ferroviaria no está en entredicho y que su gestión es impecable, dejando claro, según palabras del propio ministro Puente, que su intención es mantener su asiento en el Consejo de Ministros. "No me voy a poner en esa hipótesis. Vamos a esperar a conocer el resultado de la investigación y a ver qué ha sucedido. No estoy pensando en eso ahora", respondió Puente al ser preguntado en Onda Cero por la posibilidad de asumir alguna responsabilidad si finalmente las investigaciones concluyen que la causa del accidente, que ha dejado 45 fallecidos, fue un defecto de la vía.
La gestión de los servicios públicos se ha convertido en un eje central de crítica al Ejecutivo, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Aragón, donde la exministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se presenta como candidata del PSOE. Tras el batacazo en Extremadura, en el que el partido perdió gran parte de su base tradicional de apoyo, el descontento ciudadano podría pasar factura a Alegría, cuya campaña ya se encontraba empañada por haber mantenido una comida con el exasesor de Moncloa, Paco Salazar, después de que militantes del partido le denunciaran por acoso sexual y tras el encubrimiento del caso durante cinco meses por parte del Ejecutivo.