La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, compuesta por asociaciones feministas contrarias a eliminar la categoría sexo de la legislación, ha recogido con un mapa interactivo más de cien casos en los que hombres se han beneficiado de la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Esta organización denuncia que la Ley Trans aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez "ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la Violencia machista, la Ley de Igualdad y otras normativas implementadas con el objetivo de corregir las desigualdades entre mujeres y hombres". Entre los beneficiados se encuentran maltratadores y proxenetas de menores.
En este sentido, la asociación ha explicado que, hasta el momento, los impactos de la Ley Trans superan el centenar de casos. Y ha avisado de que no están todos: "Son solo los que han trascendido a los medios de comunicación". La organización explica que no se puede hablar de "fraudes" porque "el fraude es la ley trans". "No se puede hablar de fraude en relación con un texto que no establece ni una sola condición para proceder al ficcionado jurídico del dato registral 'sexo'", han precisado desde la organización. De la misma manera, la organización ha denunciado "el oscurantismo de las instituciones que están negando acceso a la información que permitiría conocer la amplitud real del problema".
La organización ha indicado también que las respuestas obtenidas por Alianza Contra el Borrado de las Mujeres en sus "numerosas consultas" al portal de Transparencia reconocen la "ausencia de sistematización" en la recogida de los datos. También señala que "evidencian una falta de voluntad política de hacer accesibles informaciones que pondrían de manifiesto la chapuza legislativa que implica un concepto jurídico como la 'autodeterminación' de un dato registral, con grandes implicaciones prácticas en amplias esferas de las relaciones sociales y que colisiona con derechos de terceros".
Los primeros casos documentados se sitúan en los meses inmediatamente posteriores a la aprobación de la ley, mientras los últimos registros son de enero de 2026. Alianza contra el Borrado de las Mujeres destaca que el sistema de registro se irá actualizando a medida que se identifiquen más casos.
Maltratadores y proxenetas de menores
"El mapa interactivo geolocaliza casos de maltratadores, feminicidas o proxenetas de menores que no han encontrado ningún obstáculo para solicitar y obtener la modificación del sexo en los registros civiles. Hoy, son legalmente mujeres", subraya el comunicado. En esta misma línea, la organización recalca que en el registro no se verifican los antecedentes penales de la persona que solicita el cambio de sexo registral.
Del mismo modo, las feministas han documentado también casos en que un cambio legal de sexo ha dilatado juicios por violencia machista, a la espera de determinar si la denuncia debía ser tramitada en un juzgado de violencia sobre la mujer o en un juzgado de instrucción.
Además, han añadido que el mapa recoge casos de cambio registral que "tratan de sortear las leyes de protección a esas mujeres". "Se han documentado situaciones en las que hombres opositores han obtenido plazas al acceder a los exámenes utilizando un DNI femenino, haciendo un uso indebido de las acciones positivas destinadas a empleos con baja representación de mujeres", argumentan.
Por otro lado, la organización ha revelado que el mapa también incluye casos en los que el cambio registral ha permitido que varones reclamen el uso de vestuarios femeninos en los centros de trabajo, en las comisarías, en los cuarteles o en los lugares de ocio. Además, apunta que el mapa recoge también casos en los que "la prensa participó en la ceremonia de la confusión tratando en femenino a delincuentes sexuales y maltratadores condenados".
Finalmente, según la valoración de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, "los casos que se recogen en el mapa, solo una parte de un total que se desconoce, ponen en entredicho las declaraciones oficiales sobre la irrelevancia del impacto negativo de la Ley Trans en los derechos y la seguridad de las mujeres". "Ninguna magnitud es intrascendente cuando juega a favor de socavar esos derechos", concluye.