El Gobierno acaba de aprobar la regularización masiva de medio millón de inmigrantes, cifra que podría alcanzar las 800.000 personas, que podrían después recurrir al arraigo para traer a sus familias. Pedro Sánchez lo ha hecho por decreto, sin pasar por el Congreso, porque carece de mayoría parlamentaria. De paso, satisface a Podemos a cambio de su posible apoyo a la entrega de estas competencias a Cataluña, como pedía Junts, y desvía el foco sobre todos sus escándalos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó la pasada semana que los datos de la inmigración ilegal en España son "razonablemente positivos" y que "la migración nunca es un problema, es un fenómeno que hay que saber abordar y gestionarlo y es un fenómeno estructural, no contingente". Sin embargo, las últimas estadísticas de delitos cometidos por inmigrantes distan mucho del relato del Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital han confirmado que el mecanismo de comprobación de los delitos de los extranjeros que se acojan al decreto de regularización de inmigrantes es prácticamente inviable. El Gobierno pretende apoyarse en plazos de investigación o comprobación de un mes. Y, en caso de no haber respuesta, se impone de facto un silencio administrativo que beneficia siempre al inmigrante. El resultado es un "coladero" brutal que permitirá una entrada masiva sin control real de sus historiales penales, destacan las mismas fuentes.