Pedro Sánchez llegó a la India con la intención de reforzar la agenda internacional del Gobierno, pero su visita quedó rápidamente ensombrecida por un problema ajeno a los actos oficiales. Las acusaciones que afectan al embajador español en Nueva Delhi, Juan Antonio March, estallaron en España en plena gira del presidente y terminaron proyectándose sobre el viaje.
March, encargado de ejercer de anfitrión del jefe del Ejecutivo, está bajo sospecha por presuntas irregularidades en la organización de actividades culturales desde la Embajada. En concreto, se le atribuye haber impulsado una serie de conciertos en el estado indio de Rajastán sin seguir los procedimientos administrativos exigidos y con un sistema de financiación fuera del control habitual del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los recitales, previstos entre el 22 y el 27 de febrero y finalmente paralizados, contaban con la participación del tenor español Joan Laínez y de la mezzosoprano Huiling Zhu, cantante china con pasaporte alemán y persona muy próxima al embajador. El proyecto superaba los 40.000 euros solo en cachés, una cantidad inusual para las actividades culturales que suelen organizar las embajadas.
Un circuito fuera del control oficial
El problema no fue solo el coste, sino la forma de gestionar el dinero. Funcionarios de la legación advirtieron de que cualquier iniciativa cultural debe tramitarse a través del Sistema de Información de la Cooperación Cultural Exterior (SICCE), dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ante la insistencia del embajador, elevaron el caso a sus superiores en Madrid.
Según informó el periodista Luis Ayllón en El Confidencial Digital, esas advertencias no obtuvieron respuesta por parte de la cúpula de Exteriores. Cuando finalmente se intentó regularizar el proyecto, la AECID lo rechazó al no cumplir los criterios exigidos, entre ellos que la artista principal no fuera española ni hispanoamericana.
Las sospechas se agravaron al conocerse que March había promovido la búsqueda de patrocinio entre empresas españolas con presencia en India, con la intención de que las aportaciones no pasaran por las cuentas oficiales de la Embajada. Notas internas y mensajes obtenidos por El Confidencial a través de fuentes de la AECID apuntan a que algunas compañías llegaron a mostrar interés e incluso a cerrar compromisos verbales.
Entre ellas figuraba BLS International Services, encargada de la gestión de visados, con la que se habría pactado una aportación de 5.000 euros. Ese dinero, según la información publicada, iba a destinarse a sufragar los desplazamientos internacionales de los artistas, incluyendo billetes en clase business.
La defensa del embajador
March negó cualquier irregularidad y sostuvo que el proyecto nunca llegó a materializarse. "No se ha hecho nada, no ha habido ninguna aportación; así que ni se ha utilizado el personal, ni se ha hecho ningún concierto, ni se ha vertido ningún dinero. Nada de nada", afirmó en declaraciones recogidas por El Confidencial. El embajador defendió además que la elección de Zhu respondía exclusivamente a criterios artísticos y no personales.
La polémica adquiere mayor dimensión al conocerse que la mezzosoprano ya había sido contratada con anterioridad por la Embajada a propuesta del propio March. En 2025 percibió 18.000 euros por varias actuaciones organizadas en distintos países de la región, según las cuentas oficiales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores se limita a señalar que la información "se está analizando y verificando por los servicios competentes", mientras que el Partido Popular ha registrado preguntas en el Congreso para exigir explicaciones sobre unos conciertos que, recuerdan los diputados, requerían autorización administrativa y su correspondiente publicación oficial.
El caso ha reabierto además el debate sobre el perfil del embajador, nombrado en 2024 tras más de una década fuera de la carrera diplomática. Hasta su regreso al servicio activo, March presidía la Fundación Onuart, vinculada a la controvertida reforma de una sala de Naciones Unidas en Ginebra, cuyo coste superó los 20 millones de euros y fue duramente criticado por el Tribunal de Cuentas.