En diciembre de 2022 se aprobaron los Presupuestos anuales que siguen vigentes en 2026. Desde entonces no se han aprobado nuevas cuentas y en el Gobierno no parecen mostrar inquietud por no haber presentado en toda una legislatura uno de los principales instrumentos que legitiman la acción de un Ejecutivo.
El presidente del Gobierno ha ido aplazando reiteradamente la promesa de presentar unas nuevas Cuentas Público. En el balance del curso político celebrado en julio, Sánchez aseguró que "el Gobierno de España presentará los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026". Tras incumplir por tercer año consecutivo el plazo fijado en la Constitución, al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, antes del 30 de septiembre, el Gobierno pospuso su presentación hasta finales de año.
El Gobierno cerró el ejercicio envuelto en un torbellino de escándalos de corrupción y de acoso sexual en sus filas, actualmente bajo investigación. En este contexto, restó importancia a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estados, volvió a incumplir su compromiso y aplazó su presentación al primer trimestre de 2026. "No pasaría nada si no hubiera nuevos presupuestos" afirmó el presidente.
Ahora, mientras el calendario juego en su contra, el Gobierno mantiene su voluntad de llevar unas cuentas al Congreso de los Diputados, aunque admite sentirse cómodo con las actuales. El problema radica en la falta de apoyos parlamentario y un complejo equilibrio que debe afrontar en cada votación en la Cámara Baja, lo que evidencia su fragilidad. Más aún si se recuerda una de las frases más repetidas por Sánchez cuando lideraba la oposición. "Si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno tiene que convocar a los españoles a las urnas", sostenía en febrero de 2018, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tenía los Presupuestos atascados. Hoy, sin embargo, el Gobierno sostiene que, aunque los Presupuestos no prosperen, no está "obligado a convocar elecciones".
"Gobernar con presupuestos prorrogados cumple con la Constitución y cumple con la ley", defendió la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado ante una pregunta de la senadora del PP, Alicia García. El Ejecutivo se apoya a modo de comodín, en el artículo 134.4 de la Carta Magna, que establece que si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Sin embargo desoye el resto de artículos como el 134.3 que determina que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior" o el artículo 134.2. que establece que "los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual".
Fuentes gubernamentales aseguran, en todo caso, que aún hay margen y que continúan las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios. Una de las incógnitas es quién defenderá finalmente esas hipotéticas cuentas, ya que la ministra de Hacienda es también candidata socialista en Andalucía y antes del verano se celebrarán elecciones autonómicas.