La izquierda sigue en su defensa de Mónica Oltra pese a que la Audiencia Provincial de Valencia ha dicho que tiene que ser juzgada por un caso de posible ocultación de la denuncia trasladada por la menor abusada por su entonces marido cuando la niña estaba en un centro de menores tutelado por la propia Oltra desde su consejería.
Libertad Digital ya ha publicado los dos documentos que exigían a Oltra cursar la denuncia de la menor con toda la velocidad posible, pese a lo que no se hizo. Es más, este diario ha señalado ya que esos documentos fueron encontrados en un registro en la propia consejería, con lo que es imposible alegar desconocimiento de los protocolos obligatorios. Pero, para colmo, la consejería por aquellas fechas en manos de Oltra desobedeció la orden de alejamiento entre su marido – el abusador de la menor – y la niña que ya había denunciado los hechos. El vídeo que hoy reproduce este diario refleja la burdo de las mentiras lanzadas durante la instrucción del caso. Y es que la consejería de Oltra llegó a aportar un documento que negó haber recibido: nada menos que la orden de alejamiento que desobedecieron. La orden de alejamiento para que la menor no tuviera que seguir viéndose con el entonces marido de Oltra y abusador sexual de la niña.
La denuncia inicial de la menor no llegó a la Policía hasta que fue impulsada por medios externos. Y, para colmo, ni siquiera se apartó del centro donde estaba la menor al abusador sexual ahora ya condenado por ello.
Durante la instrucción del caso hubo momentos absolutamente delatores de las mentiras lanzadas en sede judicial. El titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, llegó a explotar durante la declaración como imputada de la que fuera directora territorial de la Consejería de Igualdad de Valencia, Carmen Fenollosa. El alto cargo de Oltra en la Consejería aportó al instructor antes de su declaración varios escritos que demostraban que la propia Consejería tuvo conocimiento de un auto judicial del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia del 27 de julio de 2017 en el que se ordenaba, como medida cautelar, el alejamiento del marido de Oltra de la menor abusada sexualmente. A pesar del auto judicial, no se apartó de inmediato al marido de Oltra de la menor y el 16 de agosto de ese año, tres semanas después, se tomó la decisión de trasladar a la menor a otro centro. No al entonces marido.
Durante la comparecencia el juez estalló visiblemente enfadado tras percatarse de que se había desobedecido durante días una orden judicial para alejar a un agresor sexual de su víctima. "A pesar de que me ha sido negada en esta sede la existencia de este documento consta que el auto dictado por este Juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consejería y en la Dirección Territorial el mismo 28 de julio y existen dos registros de entrada. Por tanto, en la Consejería y en la Dirección Territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio cuando efectivamente se dictó el auto", afirmó el juez. "Le pregunto acerca de ¿Cómo es posible que si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en las Dirección Territorial el 28 de julio me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la Consejería si usted misma la aporta?", añadió. La imputada tan sólo supo balbucear una respuesta ante dicha evidencia.
"¿Cómo es posible que el fax no figura remitido y disponga la Consejería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez?", insistió el juez ante una Carmen Fenollosa que no sabía qué contestar. Luis Ramírez es Luis Eduardo Ramírez Icardi, condenado por unanimidad de la Sala Penal del Tribunal Supremo a cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años tutelada. "¿Cómo es posible que la señora Oltra manifieste que no tiene conocimiento de los hechos hasta el día 4 de agosto, cuando el día 28 de julio ya tenía entrada en la Dirección Territorial una resolución como ésta? Me interesa saber qué medidas se adoptan en protección de la menor. ¿Llega una resolución judicial para que se imponen medidas cautelares a un señor que es un educador de un centro concertado con la Generalidad y no se hace nada?", señaló el juez.
Hay que recordar que esta no es la única evidencia. Dos documentos negados por Oltra también la acorralan: debía tramitar la denuncia de la menor abusada por su marido y no lo hizo. La Policía llevó a cabo una de las órdenes dictadas por el juez: la entrada en la sede de la que fuera la Consejería de Oltra en las fechas del abuso sexual -porque era la consejería responsable de esos centros de menores. Y allí encontró las dos instrucciones que obligaban a Oltra a dar credibilidad a la menor a abusada y actuar de inmediato, justo lo contrario de lo que ocurrió.
La defensa de Oltra había esgrimido que no existían esos protocolos de actuación. Y no sólo existían, sino que fueron encontrados en la propia sede de la entonces consejera Oltra.
Todo se descubrió en un registro de la Consejería en cuestión. La diligencia fue acordada después de que la asociación GOBIERNA-TE, cuya querella originó la causa, presentara un escrito solicitando una serie de actuaciones.