El asalto institucional perpetrado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un nuevo y preocupante nivel de sofisticación, consolidando lo que en Libertad Digital calificamos como una trama judicial sin precedentes. Esta red de influencia, tejida para blindar al Ejecutivo socialista frente al control legal y parlamentario, utiliza organismos clave como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Las recientes exclusivas publicadas por esta casa revelan cómo figuras como Cándido Conde-Pumpido y Enriqueta Chicano actúan como meros peones para garantizar la supervivencia política del presidente, ignorando la imparcialidad exigida a sus cargos y poniendo las instituciones al servicio exclusivo del sanchismo.
Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la maniobra diseñada por Conde-Pumpido para permitir que Sánchez siga gobernando sin la necesidad de presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado. A pesar de que la norma fundamental del país exige la tramitación anual de las cuentas públicas, la debilidad parlamentaria de la actual coalición ha impedido su aprobación. Ante el conflicto de competencias planteado por el Senado ante el Tribunal Constitucional, la cúpula judicial de obediencia socialista ya busca una vía de escape jurídica que legitime esta anomalía democrática, permitiendo al Gobierno eludir su obligación constitucional de someterse al control de las Cortes.
Esta ingeniería jurídica no busca otra cosa que retorcer el espíritu de la Carta Magna para evitar que el Ejecutivo caiga por su propia incapacidad de tejer mayorías. Según la información desvelada en MA Confidential, Conde-Pumpido pretende emitir una resolución que, bajo la apariencia de una advertencia formal sobre la importancia de las cuentas, termine dictaminando que es perfectamente constitucional gobernar mediante prórrogas indefinidas. Se trata de un enjuague legal al más puro estilo de quien ha decidido anteponer los intereses de la Moncloa a la pureza del ordenamiento jurídico español.