En una nueva entrega de M.A. Confidential, el periodista Miguel Ángel Pérez aborda un asunto de extrema gravedad institucional que en Libertad Digital y esRadio se ha venido denunciando con valentía desde hace años. Se trata del escándalo de corrupción que rodea al grupo Forestalia, una trama que el propio Federico Jiménez Losantos ha señalado de forma recurrente y que ahora, tras el acceso al sumario judicial, revela dimensiones de una presunta organización criminal que habría operado con total impunidad en el seno de la administración pública.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, cuenta con el apoyo fundamental de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil, conocida como UCOMA. No debemos confundir esta sección especializada con la UCO generalista, ya que la UCOMA se centra específicamente en delitos ecológicos y administrativos. Según los informes de los agentes, en la cúspide de esta pirámide delictiva se sitúa Fernando Samper, presidente de Forestalia, a quien definen como el "tronco central" sobre el que pivotaban todas las operaciones irregulares de la compañía.
El sumario pone también el foco en la figura de Eugenio Mínguez, quien fuera subdirector general de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica bajo el mando de Teresa Ribera. Mínguez es identificado por los investigadores como el "facilitador o favorecedor" necesario para que los intereses privados de Forestalia se impusieran sobre la legalidad vigente. Los delitos que se investigan son de una enorme relevancia penal, incluyendo cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación administrativa y medioambiental, además de la pertenencia a un grupo criminal organizado.
El modus operandi de esta red consistía en un acercamiento estratégico a dirigentes políticos y funcionarios clave, tanto en el Gobierno de la nación como en la autoridad autonómica de Aragón. El objetivo final era lograr el "amaño de las declaraciones de impacto ambiental", un paso administrativo esencial para que los macroproyectos energéticos de Forestalia pudieran salir adelante. Esta manipulación no solo supone un fraude a la ley, sino un ataque directo a la libre competencia y a la protección del entorno natural que estas instituciones deberían custodiar.
Este caso de corrupción, que incluso llega a salpicar a un notario, confirma las peores sospechas que este periódico ha mantenido durante mucho tiempo sobre el entorno de la ministra Ribera. La labor de fiscalización de Libertad Digital resulta hoy más necesaria que nunca para garantizar la seguridad jurídica en España.