El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dar la espalda a los familiares de los guardias civiles que fueron asesinados por una narcolancha en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero de 2024. La Abogacía del Estado no va a presentarse como acusación en este caso, según ha podido confirmar La Noche de Cuesta de esRadio. El caso es extraño porque normalmente la Abogacía del Estado actúa en nombre del Ministerio del Interior en casos de ataques contra las fuerzas de seguridad.
La acusación en el proceso ahora quedará solo en manos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares y populares que ejercen los familiares de las dos víctimas, Miguel Ángel González y David Pérez. También están personadas varias asociaciones de la Guardia Civil como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, además de otras como la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive).
La asociación Jucil, en una entrevista en La Noche de Cuesta de esRadio, ha manifestado su "más absoluta indignación y desconcierto ante la decisión de la Abogacía del Estado de no ejercer la acusación". Creen que es incomprensible que el Estado se comporte de esta manera con los agentes. Además consideran que esta postura del Ministerio del Interior es una "nueva muestra de la dejadez y la falta de respaldo que venimos denunciando desde aquel fatídico día".
Los acusados son Karim El Baqqali, que era el piloto de la narcolancha que embistió a los agentes, y Yassine El Morabet, que era tripulante. Ambos buscan una sentencia de conformidad, que consiste en reconocer los hechos para obtener una pena menor y el pago de las indemnizaciones que correspondan.
Este viernes 13 están convocadas las partes en la Audiencia Provincial de Cádiz para dirimir el intento de acuerdo que buscan los acusados y que, según fuentes del caso, no va a prosperar.
La representación legal de las familias de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados ha solicitado 119 años de prisión para el piloto de la narcolancha que embistió a los agentes hasta en seis ocasiones, pasando incluso por encima de la zodiac del Grupo de Actividades Subacuáticas. Además, piden una indemnización de 2,5 millones de euros para las víctimas.
El juez que instruye el caso dictó que tanto el piloto como uno de sus tripulantes sean juzgados por jurado popular. Para el primero, se imputan dos asesinatos consumados, cuatro en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, mientras que el tripulante será juzgado por seis delitos de atentado agravado. Según la investigación, este tripulante habría apuntado con un láser a los guardias antes de la colisión, intentando reducir su capacidad de defensa, aunque no durante el impacto.
Otros dos tripulantes de la narcolancha fueron detenidos y se encuentran en libertad tras pagar una fianza. Ellos serán juzgados por separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.
El Gobierno y su uso de la Abogacía del Estado
Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurrió a la Abogacía del Estado para querellarse por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez.
Por su parte, el exfiscal general del Estado condenado, Álvaro García Ortiz, también recurrió a los abogados del Estado para defenderse en el juicio al que se enfrentó por haber filtrado secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Abogacía del Estado ha tenido también un papel destacado en la amnistía a los políticos independentistas que lideraron el golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017. De hecho, nada más publicarse la ley de Amnistía en el BOE lo primero que hicieron los abogados fue solicitar el levantamiento de la orden de detención contra el fugado Carles Puigdemont.