Hay una pregunta incómoda que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez debería hacerse: ¿por qué el antisemitismo sigue encontrando espacios de tolerancia social, política y cultural que serían impensables si el objetivo fuese cualquier otra minoría?

En los últimos días, una mujer sufrió insultos antisemitas en el Metro de Madrid. No fue una conversación anónima en redes sociales. Fue a plena luz del día, en un espacio público. El hombre comenzó a increpar en voz alta a la joven, que portaba un objeto judío colgado al cuello, al grito de: "Puta Israel, asesina, genocida y judía de mierda". Un ejemplo más de cómo lo que empieza presentándose como antisionismo no es, en muchos casos, más que el viejo antisemitismo de siempre, con su odio visceral hacia el pueblo judío. Se trata de un episodio más que se suma a una tendencia preocupante: el antisemitismo no solo existe, sino que parece sentirse lo suficientemente cómodo como para expresarse sin miedo. Y eso mismo quedó claramente constatado en el Metro de Madrid.

El problema no es únicamente el incidente antisemita. El problema es la reacción. O, más bien, la ausencia de ella. En primer lugar, por parte de los propios ciudadanos que estaban presentes en el vagón, el cual, como puede verse en el vídeo, estaba abarrotado. Ni una sola persona salió en defensa de la joven ni recriminó la conducta antisemita. Ni una. Me pregunto cuál habría sido la respuesta de esos mismos pasajeros si hubieran escuchado insultos racistas, homófobos o islamófobos como "negro de mierda", "maricones asquerosos" o "todos los árabes sois terroristas".

Llevo tiempo hablando del concepto de la institucionalización del antisemitismo en España. Lo sucedido en el Metro de Madrid vuelve a confirmarlo. Ni una sola palabra de condena por parte del Gobierno. Resulta irrisorio observar cómo los delitos de odio parecen suscitar respuestas con distinta rapidez e intensidad en función del colectivo o la minoría a la que pertenece la víctima. No estaría de más recordar al Gobierno el contenido del artículo 14 de la Constitución, según el cual todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Hace ya tiempo que para el Gobierno parece que hay ciudadanos de primera o de segunda en función de la minoría o ideología de la que sean parte.

Porque, siendo claros, cuando discursos hostiles afectan a otras minorías, con razón se produce una movilización inmediata: declaraciones institucionales, condenas políticas, cobertura mediática intensa y llamamientos a la responsabilidad colectiva. Eso mismo lo vimos hace tan solo unos meses en Cornellà, durante el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto, en el que un sector del público entonó cánticos islamófobos. Esa respuesta es necesaria y correcta en una sociedad justa y democrática. La pregunta es: ¿por qué no siempre ocurre igual cuando los afectados son judíos? El doble rasero se vuelve más evidente al observar otros acontecimientos recientes.

La semana pasada volvió el famoso concurso de Eurovisión. Pocas horas antes de la gran final, Pedro Sánchez publicó un vídeo en la red social X en el que reiteraba que: "Este año España no estará en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad". A ello se sumó el papel de TVE, que horas antes del inicio del certamen difundió un mensaje afirmando: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina". Lo peor de todo esto no es la retórica enfermiza anti-israelí de Sanchez y TVE, sino que nadie echó de menos a España en el concurso.

No es la primera vez que Pedro Sánchez habla de estar en "el lado correcto de la historia". Su obsesión por dejar un legado que esté en "el lado correcto de la historia" más bien pasará por dejar una España cada vez más empobrecida, más dividida y con un PSOE irreconocible a la sombra de lo que fue. Por no hablar de todo el entramado de corrupción que salpica a todo lo que se acerca al Presidente. Mientras tanto Sanchez seguirá a lo suyo y seguirá abanderando la causa palestina con tal de no hablar de los serios problemas que enfrenta nuestro país.

Volviendo al tema que nos ocupa, la percepción creciente de que el antisemitismo sigue siendo tratado como una excepción, un prejuicio antiguo cuya gravedad se relativiza más fácilmente que otros discursos de odio, debería preocuparnos profundamente. La historia de este continente debería haber enseñado que el antisemitismo rara vez comienza con violencia extrema. Empieza con la normalización del odio. Con silencios. Con ausencia de claridad moral. Con tolerancia selectiva. Con la idea de que unas formas de discriminación son más urgentes o merecen mayor atención que otras. Empieza cuando se considera aceptable que una minoría reduzca su visibilidad pública por miedo. Cuando se evita reaccionar. Cuando se asume que bajar la cabeza hará desaparecer el problema. Todos sabemos lo que pasó la última vez que se adoptó por ese tipo de políticas hace menos de 80 años con dos tercios de la comunidad judía europea completamente exterminada.

La historia europea conoce demasiado bien las consecuencias de ese proceso. Una democracia sana y madura no combate el discurso de odio según la identidad de la víctima. O protege a todas las minorías con la misma firmeza, o termina enviando un mensaje peligroso: que algunas formas de discriminación siguen siendo más aceptables que otras. Y esa es una pregunta que España no debería evitar antes de que sea demasiado tarde.