Si caen ellos, caemos todos

El peligro ya no consiste en que un Gobierno intente influir en la Justicia; eso ha ocurrido siempre, de forma más o menos torpe o encubierta. El peligro real es otro: que un presidente acorralado por investigaciones que afectan a su partido, a su entorno y a su familia haya decidido que su única salida es arrodillar a los jueces o, si no puede, destruir su credibilidad.

Esa es la cuestión de fondo tras la polémica sobre el juez Juan Carlos Peinado y las medidas cautelares a Begoña Gómez. La retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país o el razonamiento sobre la escolta policial son decisiones discutibles. En un país normal, este sería el debate: la proporcionalidad y el riesgo de fuga. Para eso existen los recursos. Los jueces, como cualquier ser humano, se equivocan y se exceden; por eso el sistema es garantista y permite corregirlos.

Pero España no vive circunstancias normales sino excepcionales. El Gobierno pretende reducirlo todo a una frase polémica del auto para vender que el problema no es un juez, sino el Poder Judicial entero; para convertir cualquier actuación que afecte a Pedro Sánchez en una anomalía democrática o una conspiración.

Puede que Peinado se haya excedido, pero existe una tensión innegable en las fuerzas de seguridad. Los agentes obedecen a la ley y a los jueces, pero la cúpula depende del Ministerio del Interior y los puestos clave se deciden con criterios políticos. No se trata de dudar de cada policía, pero tampoco seamos ingenuos: la libre designación puede generar presiones cuando el asunto afecta al poder. Y no se me ocurre una situación más propicia para dispararlas que la que afecta a la esposa del presidente.

Aun así, el verdadero problema no es si el juez hiló más o menos fino con la escolta, sino que Moncloa usa cualquier resquicio para desacreditar al Poder Judicial entero. No se recurre una resolución: se monta el relato de la cacería; no se discute un auto: se denuncia una persecución; no se apela jurídicamente: se agita la idea de que la Justicia es una máquina de acoso contra el Gobierno.

Con el ruido mediático Sánchez consigue, además, que olvidemos lo importante. Begoña Gómez se enfrenta a cuatro presuntos delitos graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Aquí —ahora sí procede— su parentesco no es un detalle menor, sino el núcleo del caso, porque permite sospechar del uso de contactos y recursos de La Moncloa para beneficio propio. Ser la esposa de Sánchez no debe perjudicarla, pero tampoco puede servir como mecanismo de impunidad.

El Gobierno y sus satélites hablan de lawfare, de jueces conspiradores y de una operación política contra Sánchez. Sin embargo, las investigaciones sobre el caso Leire Díez apuntan a una operación en sentido inverso: una presunta trama destinada a presionar a policías, reventar investigaciones y desacreditar a jueces y fiscales molestos para el entorno presidencial. Quizá sí haya una ofensiva organizada contra la Justicia; sólo que los indicios no sitúan a los jueces entre los sospechosos.

Eso invierte la carga de la prueba. Quien acusa a los tribunales de conspirar debe explicar por qué, cada vez que una causa se acerca al perímetro de La Moncloa, se activa una maquinaria política y mediática contra el instructor. Debe explicar también para qué se buscaba información comprometida sobre policías, fiscales o jueces vinculados a procedimientos sensibles: si no era para presionarlos, desacreditarlos o condicionar su actuación. Y qué hacían quienes, según las investigaciones, se ocupaban de recopilarla.

Por eso el ataque contra Peinado resulta tan revelador. Begoña Gómez tiene abogados y garantías para defenderse. Puede recurrir las medidas cautelares y, si el juez se ha excedido, una instancia superior puede corregirlo. Lo intolerable es la respuesta en bloque del poder: ministros cargando contra el juez, cámaras de eco amplificando el mensaje y presión sobre el Consejo General del Poder Judicial.

Que el CGPJ haya activado un procedimiento disciplinario tras las protestas de un ministro y la agitación promovida por el entorno mediático afín al Gobierno deja una impresión inquietante: que basta una campaña política intensa para que el órgano de los jueces reaccione bajo presión. Y un CGPJ que se asusta con el ruido político empieza a parecerse a una Justicia que teme al poder.

Sánchez puede apretar al CGPJ, porque el CGPJ nació demasiado cerca de los partidos y demasiado lejos de la independencia que debería salvaguardar. Puede movilizar ministros, tertulianos de guardia y brigadas virtuales para convertir a Peinado en el problema nacional. Puede intentar que cada juez que se acerque demasiado al círculo de poder de La Moncloa parezca un conspirador togado.

Pero el Estado de Derecho no es una mera abstracción. Al final depende de personas: jueces, fiscales, policías y guardias civiles que deciden cumplir la ley aunque el precio sea una campaña de desprestigio, un traslado, una amenaza velada o la soledad. El caso Ábalos y Koldo recuerda precisamente eso: cuando hay quienes resisten, los hechos llegan a los tribunales y la propaganda deja de bastar.

Ahí está la última línea de defensa. No en una institución reducida a sigla, sino en quienes no olvidan que su juramento no fue ante un Gobierno ni ante un partido, sino ante la ley y la sociedad a la que sirven. La supervivencia del Estado de Derecho depende hoy más que nunca de esos servidores públicos: los que no miran a La Moncloa antes de hacer su trabajo.