Adiós al Gobierno del Open Arms

Hace ya casi un mes desde que decenas de miles de personas atravesaron violentamente la frontera entre Ceuta y Marruecos y crearon una situación insólita que está llevando a la ciudad española al desastre, que ha dado la vuelta al mundo en todas las televisiones y portadas y que ha transmitido de forma contundente la situación de debilidad en la que se encuentra el Gobierno y, como consecuencia, España como país.

Durante estas semanas, durante estos 26 días, Sánchez y los suyos se han dedicado a tratar de rebajar la gravedad de lo ocurrido: primero se falsearon, como siempre, las cifras; después trataron de convencer a todo el mundo de que la ciudad había vuelto a la normalidad mientras miles de inmigrantes ilegales vagaban por sus calles; más tarde minimizaron el colapso sanitario, los problemas de seguridad y salud pública, el inmenso golpe en la economía ceutí…

Como decíamos ayer en estas mismas páginas, han tenido que terminar las vacaciones de Pedro Sánchez para que el Gobierno haya, por fin, tomado decisiones, algunas de las cuales venían reclamando tanto la oposición como el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Por ejemplo, la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional que, es obvio, se tendría que haber aprobado el mismo 31 de julio, al comprobar la magnitud de lo sucedido.

Por desgracia para Ceuta, esta declaración tampoco es un bálsamo de Fierabrás que vaya a llevar automáticamente la ansiada normalidad a la ciudad, es solo un paso correcto que, además, se tendría que haber dado hace mucho, pero sobre todo es una rectificación a la política sobre esta cuestión que el Gobierno ha llevado desde que el uno de agosto Sánchez decidió largarse a La Mareta como si la cosa no fuera con él.

No obstante, el Consejo de Ministros de este martes todavía nos ha traído una rectificación mayor: ahora, en plena crisis en Ceuta y tras comprobar el demoledor efecto llamada que está teniendo su irresponsable política, el Gobierno inicia los trámites para cambiar la Ley de Asilo y la de Extranjería. Por supuesto, el mentiroso Marlaska ha presumido de lo muy garantistas y humanitarias que serán las normas resultantes de estos cambios, pero también ha dicho que se adecuarán al nuevo marco normativo europeo y que responderán mejor "a la realidad del fenómeno migratorio".

Adiós al Gobierno del Open Arms, a aquel que hasta bien poco invitaba a los inmigrantes de todo el mundo a España, el mismo que ha aprobado un proceso de regularización de ilegales tan chapucero como escandaloso que ha beneficiado a más de un millón de personas, el mismo que ahora va a endurecer la normativa.

Eso sí, al igual que ha ocurrido en Ceuta, este cambio se va a dar sin que nadie dimita: la política ha sido un error y sus consecuencias nefastas pero, siguiendo la doctrina que ha establecido Marlaska, "hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad". Dicho de otra forma: aquí nadie tiene la culpa de nada y los mismos que han aplicado las puertas abiertas y los papeles para todos ahora pueden aplicar la más estricta política migratoria sin despeinarse. El secreto está en no creer en otra cosa que en el poder y la conveniencia política de cada circunstancia y en eso tanto el ministro del Interior como el propio Sánchez son maestros. Y no tengan dudas de que la prensa afecta, los medios públicos y los subvencionados defenderán esta nueva política con la misma insistencia y fervor con la que defendieron la antigua.

Es muy difícil que este giro de 180 grados no tenga coste político para el Gobierno, pero tampoco es imposible. Y también cabe la posibilidad de que el desastre de Ceuta, retransmitido en directo durante ya casi cuatro semanas y que ha ido empeorando mientras Sánchez disfrutaba de unas vacaciones a cuerpo de rey pagadas por todos, marque un antes y después en la trayectoria de un Ejecutivo que parece que no puede caer más bajo, pero que por desgracia seguro que todavía es capaz de sorprendernos… para mal.