"La regulación, en el caso del etiquetaje, es favorable al castellano. Hay cerca de 120
leyes estatales que obligan a etiquetar en español", aclara Jordi Anguera, director
general de la ACC. La infracción la cometen, sobre todo, distribuidoras de alimentos
extranjeros. Las normas son claras; salvo excepciones, se obliga a marcar los productos
en español, como dice la Ley General de Consumidores y Usuarios, actualizada 2007:
"Las indicaciones obligatorias del etiquetado (...) deberán figurar, al menos, en
castellano, lengua española oficial del Estado". Las competencias de consumo están
traspasadas a las comunidades autónomas, por eso Cataluña tiene potestad para
formular sus propias leyes, aunque debe hacer cumplir las estatales. Sin perjuicio de
que imponga la protección del catalán, también debe vigilar la utilización del castellano.
"Las multas idiomáticas no son homologables. En el catalán miramos todos los aspectos
que hay que proteger; en el castellano, solo tenemos problemas con el etiquetaje",
especifica Anguera. En el resto de aspectos relacionados con el consumo, asegura, no
han debido sancionar porque "siempre está disponible en castellano".
http://elpais.com/diario/2010/10/23/catalunya/1287796038_850215.html