El diálogo democratizador que promueve la Organización de Estados Americanos (OEA) en Perú ha conseguido sus primeros avances al acordarse discutir temas como el fin de la intervención del Ejecutivo en la Judicatura, entre otras exigencias de la oposición.
La segunda reunión extraordinaria de la mesa de diálogo promovida por la OEA se prolongó el pasado martes durante cuatro horas y permitió a los representantes del Ejecutivo, la oposición y la sociedad civil aprobar los términos de la resolución suprema que confirma la destitución del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, actualmente en Panamá.
Los representantes del Ejecutivo presentaron una nueva resolución que acepta la renuncia de Montesinos a la jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) tras admitir la exigencia de la oposición de que se retire un párrafo en el que se agradecía al ex asesor los "altos servicios" prestados a la nación.
El ministro peruano de Justicia, Alberto Bustamante, uno de los representantes del Ejecutivo en las reuniones, ha ordenado que el Procurador Público "interponga los recursos correspondientes" contra la resolución de la fiscalía que archivó la investigación contra Montesinos por supuestos actos de corrupción y soborno.
Los representantes de la oposición acordaron, por su parte, han presentado una acusación legislativa que exige la renuncia de la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, por considerarla directa responsable de la resolución a favor de Montesinos.
El congresista opositor Henry Pease, representante de Unión por Perú (UPP), ha señalado que esa decisión confirma que el ex asesor aún tiene poder en el Ministerio Público. "Tenemos que exigir moralidad en el país y tenemos que exigir que las autoridades de los organismos autónomos como el Ministerio Público cumplan con la justicia en lugar de convertirse en cómplices de los sobornadores y los corruptos", ha subrayado.
Los representantes acordaron también recomendar al Congreso que apruebe, con modificaciones, el proyecto de Ley que dispone la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Entre las modificaciones figura la petición para que se nombre "por consenso" a un representante de la sociedad civil en la comisión que cumplirá con la desactivación y que originalmente sólo iba a estar compuesta por el Primer Ministro, Federico Salas, y por los ministros de Defensa y del Interior, los generales Carlos Bergamino y Walter Chacón.
Se ha solicitado asimismo que esa comisión rinda cuentas a una comisión especial del Congreso de la República "cuyos integrantes serán consensuados entre las partes en la mesa de diálogo" que promueve la OEA.
Los representantes decidieron volver a reunirse para debatir los términos de la desactivación de las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y Ministerio Público, así como la "devolución de las facultades y atribuciones" al Consejo Nacional de la Magistratura, intervenido por el Ejecutivo desde el autogolpe de Estado que dio Fujimori en 1992.