LD (EFE)
En el banco de datos de “casos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” de la Defensoría bonaerense, se constataron entre marzo de 2000 y agosto de 2002 un total de 1.294 hechos de ese tipo, de los sólo 709 fueron denunciados ante la Justicia. El informe de la Secretaría de Derechos Humanos explica que esta diferencia entre los hechos constatados y los denunciados “da cuenta de un fenómeno que puede significar temor a formular una denuncia o descreimiento en que la investigación tenga consecuencias concretas”.
En el Registro de Denuncias de casos de apremios, malos tratos físicos y psíquicos de menores en comisarías y dependencias penitenciarias bonaerenses están consignados unos 2.000 casos desde septiembre de 2000 hasta la fecha. En el ámbito judicial, desde 1998 hasta los primeros meses de este año, de un total de 3.013 casos denunciados ante la Justicia, 3.010 corresponden a apremios ilegales y tres a torturas. De ese total de denuncias, 1.062 se encuentran en trámite, en fase de investigación preliminar. De las restantes 1.951 causas que se encontraban ya en condición de formular acusaciones por los delitos de apremios ilegales o tortura, sólo 30 fueron elevadas a instancia de juicio.
El informe atribuye esta situación a que la Justicia consideró que no había suficientes pruebas para un proceso, con lo que 1.856 denuncias fueron archivadas, 54 fueron desestimadas, tres fueron sobreseídas, siete desistidas y en una fue suspendido el juicio. Esto significa que sólo el 0,99 por ciento de las denuncias presentadas y el 1,5 de las causas iniciadas ante la Justicia por torturas y apremios ilegales se elevó a juicio. El estudio señala además que en las causas que llegaron a esa instancia de proceso “no necesariamente se arribó a una sentencia condenatoria” y que, en particular, los únicos tres casos de torturas fueron archivados.
En el Registro de Denuncias de casos de apremios, malos tratos físicos y psíquicos de menores en comisarías y dependencias penitenciarias bonaerenses están consignados unos 2.000 casos desde septiembre de 2000 hasta la fecha. En el ámbito judicial, desde 1998 hasta los primeros meses de este año, de un total de 3.013 casos denunciados ante la Justicia, 3.010 corresponden a apremios ilegales y tres a torturas. De ese total de denuncias, 1.062 se encuentran en trámite, en fase de investigación preliminar. De las restantes 1.951 causas que se encontraban ya en condición de formular acusaciones por los delitos de apremios ilegales o tortura, sólo 30 fueron elevadas a instancia de juicio.
El informe atribuye esta situación a que la Justicia consideró que no había suficientes pruebas para un proceso, con lo que 1.856 denuncias fueron archivadas, 54 fueron desestimadas, tres fueron sobreseídas, siete desistidas y en una fue suspendido el juicio. Esto significa que sólo el 0,99 por ciento de las denuncias presentadas y el 1,5 de las causas iniciadas ante la Justicia por torturas y apremios ilegales se elevó a juicio. El estudio señala además que en las causas que llegaron a esa instancia de proceso “no necesariamente se arribó a una sentencia condenatoria” y que, en particular, los únicos tres casos de torturas fueron archivados.