Donald Trump está imputado por cuatro delitos federales que según la fiscalía habría cometido para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2020. La acusación, presentada por el fiscal especial para el caso Jack Smith, ha sido aprobada por un gran jurado, un órgano judicial formado por personas a las que se pide tener información sobre el caso y que sólo decide si hay pruebas suficientes para pensar que se han cometido delitos.
La primera de estas acusaciones es un cargo de conspiración "mediante el uso de la deshonestidad, el fraude y el engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación, conteo y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales", que conlleva una sentencia máxima de cinco años.
La segunda es por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas, lo que conllevaría hasta 20 años de prisión, y la tercera por conspirar por el derecho al voto. Por último, el cuarto cargo, intentar obstruir la certificación de las papeletas, que conlleva también una sentencia de 20 años de prisión.
Según un comunicado de la fiscalía el expresidente "estaba decidido a permanecer en el poder" tras perder las elecciones de 2020 y que pasó dos meses "difundiendo mentiras sobre fraude electoral" a sabiendas que dichas afirmaciones "eran falsas".
"Otro capítulo corrupto"
La respuesta de Trump ha llegado a través de un mensaje de su equipo de campaña en la red social Truth Social, fundada por el propio Trump: "Este no es sino otro capítulo corrupto en el patético intento de la familia criminal de Biden y su títere Departamento de Justicia para interferir en las elecciones presidenciales de 2024".
A partir de este momento la fiscalía pretende que se celebre un juicio rápido para que "las evidencias puedan ser probadas en el tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos".
El fiscal Jack Smith, que calificó el asalto al Capitolio como "un ataque sin precedentes a la democracia estadounidense", aseguró que este "fue alimentado" por las mentiras de Trump "dirigidas a obstruir una función fundamental del Gobierno de Estados Unidos: el proceso de recopilar, contar y certificar los resultados electorales".
El fiscal espera un juicio rápido para que "las evidencias" acumuladas "puedan ser probadas en el tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos".