Fue uno de los puntales durante su campaña electoral ("¡Deportaciones masivas, ahora!"), y no ha tardado ni una semana en comenzar a cumplir con su cometido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado las políticas que buscan reducir drásticamente la presencia de inmigrantes indocumentados en el país. Y si buscamos traducción numérica en las palabras, el vicepresidente electo JD Vance ya ofreció una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC. "Empecemos con un millón de personas", señaló. El objetivo, repetido en numerosas ocasiones, es hacer que la frontera sea fuerte y poderosa.
De manera oficial, en EEUU viven once millones de inmigrantes indocumentados, casi uno de cada cuatro extranjeros, aunque el récord de cruces fronterizos registrado durante el mandato de Joe Biden ha aumentado probablemente esa cifra. Por cierto, si nos vamos a los números registrados por anteriores administraciones, el récord es para (redoble de tambores) Barack Obama. El demócrata deportó a más de tres millones de inmigrantes indocumentados entre 2009 y 2017, más que cualquier otro presidente en la historia del país.
Desafíos legales
A pesar de las declaraciones y acciones iniciales, expertos señalan que la implementación de deportaciones a gran escala enfrenta desafíos significativos. Entre ellos se encuentran limitaciones logísticas, financieras y legales, como la falta de capacidad en las fuerzas del orden y el considerable retraso en los tribunales de inmigración. Estas dificultades sugieren que, aunque la retórica es contundente, la ejecución de deportaciones masivas podría ser menos inmediata y efectiva de lo anunciado.
Una muestra de ello es la decisión de un juez federal de Seattle, quien bloqueó el pasado jueves la aplicación por parte del gobierno estadounidense de una orden ejecutiva que recorta el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento.
"Es una orden descaradamente inconstitucional", dijo el juez a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump. La orden ejecutiva busca evitar que los niños nacidos en EEUU cuyos padres sean indocumentados o tengan visas temporales puedan gozar automáticamente de la ciudadanía de ese país.
Coste económico
Tampoco hay que dejar de lado el precio que supondrían las deportaciones masivas de Trump. Si finalmente lograra expulsar a los 15 o 20 millones de inmigrantes a los que se ha referido en el pasado, el coste podría ascender a los 315.000 millones de dólares, equivalente al 5% del gasto público estadounidense de 2024. Esa es al menos la estimación que hace el American Inmigration Council. Y esto no parece que vaya a ser un elemento disuasivo para Trump, quien ya señaló: "No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción", dijo en una entrevista hace unas semanas.
Si bien es cierto que las prioridades del nuevo mandatario en la Casa Blanca están más que claras, hay que tener en cuenta que diversos sectores económicos están fuertemente marcados por la inmigración. Las personas indocumentadas están sobrerrepresentadas en industrias como la construcción, donde forman un 13,7% de todos los trabajadores, la agricultura (12,7%), y la hostelería (7%).
De todos modos, el mensaje trasladado es más que contundente. Y así quedó dicho por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: "Los vuelos de deportación han comenzado".
.@karolineleavitt: "President Trump is using every lever of his executive power to secure our nation's borders... He is sending a very clear message to the rest of the world, if you are even thinking for a single second about illegally entering our country and breaking the laws… pic.twitter.com/yMQfdcfPgY
— Mr Producer (@RichSementa) January 22, 2025
"Esto es solo el comienzo", reafirman desde la administración Trump.
Modelos enfrentados
El desafío de controlar la inmigración es global y en los últimos tiempos hemos comprobado cómo los gobiernos afrontan el mismo con diferentes enfoques, o mejor dicho, intereses.
Bajo la excusa de la integración, el ejecutivo español de Pedro Sánchez insiste en que nuestro país sea un ejemplo en materia de protección internacional en la Unión Europea, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere simplificar y agilizar las deportaciones de inmigrantes ilegales. En este sentido, el modelo impulsado por Giorgia Meloni está dando unos resultados más que efectivos, reduciendo más del 60% la inmigración irregular.
No obstante, Meloni también está encontrándose con dificultades. Hoy mismo hemos conocido que Italia ha vuelto a enviar inmigrantes, en esta ocasión 49 personas, a los centros de detención y expulsión construidos en Albania, después de que los dos intentos anteriores fracasaron tras sendas sentencias judiciales.
En cualquier caso, países de toda Europa han endurecido sus políticas migratorias en respuesta al aumento de la inmigración y las preocupaciones sobre el impacto cultural, económico y de seguridad. Un caso llamativo es el de Suecia, país que cuenta con un 20% de población inmigrante tras años de políticas de puertas abiertas. Ahora, su gobierno ha manifestado su intención de hacer un cambio en la Constitución para revocar la ciudadanía a aquellas personas que cometan fraude, crímenes graves, o que supongan en definitiva una amenaza a la seguridad nacional.