Las autoridades de Estados Unidos han dado un paso decisivo en la lucha contra la violencia de la extrema izquierda al presentar, por primera vez, cargos por terrorismo contra dos miembros del movimiento Antifa. Zachary Evetts y Cameron Arnold han sido imputados por su implicación en el ataque ejecutado el pasado 4 de julio contra un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, cumpliendo así con la directiva de Washington que declara a Antifa como una organización terrorista.
La contundencia del Gobierno ha quedado de manifiesto en las declaraciones de sus altos cargos. El jefe del FBI, Kash Patel, celebró las detenciones —que ya superan la veintena— y lanzó una seria advertencia: "Nadie puede dañar a las fuerzas de seguridad. No bajo mi mando". En la misma línea, la fiscal general, Pam Bondi, recordó que "como ha dejado claro el presidente Donald Trump, Antifa es una organización terrorista izquierdista" y aseguró que sus miembros "serán procesados como tales". Los acusados formaban parte de lo que se ha descrito como una "célula de extremistas anarquistas violentos".
Los hechos por los que se les acusa revelan la gravedad de la amenaza. Según la imputación, Evetts y Arnold pertenecían a un grupo de al menos "once operativos" que asaltaron el centro de detención de Prairieland, en Alvarado, utilizado para alojar a extranjeros ilegales. Los sospechosos lanzaron fuegos artificiales y realizaron pintadas para atraer a los agentes, momento en el que uno de ellos recibió un disparo en el cuello, resultando herido de gravedad.
La investigación ha destapado una trama organizada. Las armas empleadas en el ataque fueron adquiridas por un antiguo marine, Benjamin Hanil Song, quien ya ha sido imputado por intento de asesinato de un agente federal. Junto a él, otras catorce personas se enfrentan a cargos por su implicación en los hechos, incluyendo el intento de ocultar a Song tras el tiroteo, lo que demuestra el nivel de planificación de la célula.
Estos cargos materializan la orden firmada por Donald Trump en septiembre, que describía a Antifa como "una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal". Pese a los intentos de la izquierda de minimizar su estructura, Washington acusa al movimiento de "reclutar, entrenar y radicalizar a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia".