El secretario de Estado, Marco Rubio, ha prohibido la entrada a Estados Unidos a cinco ciudadanos europeos en virtud de una política de visados anunciada en mayo que restringe la entrada al país de aquellos extranjeros que se estime responsables de atacar la libertad de expresión en los Estados Unidos.
Rubio ha acusado a estos cinco europeos de presionar a plataformas tecnológicas estadounidenses para que censuren la libertad de expresión de los propios estadounidenses. "La Administración Trump no tolerará por más tiempo estos actos escandalosos de censura extraterritorial", aseguró Rubio en X. No resulta sorprendente que entre los vetados figure el excomisario europeo Thierry Breton, conocido por su cruzada regulatoria desde Bruselas y por impulsar normativas para controlar los contenidos en plataformas digitales.
En agosto de 2024, poco antes de la entrevista que le hizo Elon Musk a Donald Trump en X, Thierry Breton advirtió a Musk en una carta de que Bruselas estaría vigilando la publicación en X de contenido que incita al odio y le recordó, de cara a su entrevista con Trump, que no está exento de cumplir la ley. En la carta, Breton también le advirtió de que, en virtud de la nueva Ley de Servicios Digitales, "cualquier efecto negativo" de la entrevista en la UE, podía culminar en multas de hasta el 6% de la facturación anual de la plataforma X a nivel global.
With great audience comes greater responsibility #DSA
As there is a risk of amplification of potentially harmful content in 🇪🇺 in connection with events with major audience around the world, I sent this letter to @elonmusk
📧⤵️ pic.twitter.com/P1IgxdPLzn
— Thierry Breton (@ThierryBreton) August 12, 2024
La carta provocó un gran enfado en la campaña del entonces candidato Donald Trump, donde fue percibida como un intento de influir en las elecciones estadounidenses. Con parecida indignación ha sido recibida la multa de 120 millones de euros que a comienzos de mes la UE impuso a X por motivos como que la marca de verificación azul facilita los engaños y estafas, la poca transparencia publicitaria y que dificulte el acceso a datos públicos de la plataforma a investigadores externos.
Para Elon Musk y buena parte del Gobierno estadounidense, las razones aducidas para multar a la red social X no son más que una excusa que ha buscado la Comisión Europea para castigar a Musk por negarse a censurar a los políticos y activistas de la derecha populista del continente, desde AfD a Vox. Para el Gobierno de Trump, la multa fue "un ataque contra todas las plataformas tecnológicas norteamericanas". Así que no sorprende que la medida ante lo que el Gobierno norteamericano considera un intento ilegítimo de controlar el debate público desde el exterior haya llegado ahora. La diplomacia estadounidense interpreta esta multa como un ataque directo de gobiernos extranjeros contra la libertad del pueblo americano.
Además de Breton, también ha sido incluido en la lista negra el activista británico Imran Ahmed, director del Center for Countering Digital Hate (CCDH). Washington señala específicamente a su organización por exigir que se expulsara de las redes sociales a una docena de activistas contrarios a las vacunas contra el covid, entre ellos el actual secretario de Sanidad Robert Kennedy. También se ha sancionada a Clare Melford, directora del Global Disinformation Index (GDI), una organización británica que no duda en señalar como "discurso de odio" y "desinformación" a cualquier sitio web que se aleje de la ortodoxia bienpensante.
Por último, las sanciones alcanzan también a Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, cofundadoras de HateAid, una organización alemana que disfruta de la capacidad de funcionar como chivato oficial dentro del marco de la ley de servicios digitales. Las actividades de HateAid fueron conocidas en Estados Unidos gracias a un polémico reportaje del programa de CBS 60 Minutos, donde no se emitió ninguna opinión crítica sobre el riesgo que suponen para la libertad de expresión.
Rubio ha denunciado que estos individuos han liderado esfuerzos para "coaccionar y desmonetizar" puntos de vista con los que discrepan políticamente. Por ello, el Departamento de Estado ha determinado que su presencia en suelo estadounidense conlleva consecuencias adversas para el país, aunque no tan adversas como para aplicar la ley Magnitsky, que prevé sanciones mucho más duras.