Con gran fanfarria, pompa y boato, el presidente Donald Trump y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Lee Zeldin, han anunciado que han rescindido el Endangerment Finding (que podríamos traducir como determinación de peligrosidad) de 2009, que establecía que los gases de efecto invernadero representan un peligro para la salud pública.
Básicamente, así funciona la EPA según la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act): para regular cualquier contaminante del aire —incluidos potencialmente los gases de efecto invernadero—, la agencia debe realizar primero una determinación técnica de que ese contaminante afecta realmente a la salud, lo que la obliga legalmente a regularlo.
Esto fue exactamente lo que hizo la administración Obama en 2009, siguiendo una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 (caso Massachusetts v. EPA). En aquella decisión, el Supremo estableció que los gases de efecto invernadero entraban dentro de las atribuciones de la EPA y que la agencia tenía la obligación de evaluar si debían regularse. Una vez tomada esa determinación de 2009, la agencia medioambiental tuvo la base legal para regular muchísimas cosas: desde la forma en que se genera la electricidad en Estados Unidos hasta límites de emisiones en la fabricación de vehículos (coches, camiones, etc.), exigiendo que emitieran menos gases de efecto invernadero.
Desde entonces, los distintos gobiernos estadounidenses han ido imponiendo regulaciones en este ámbito —no tan estrictas como las europeas, pero sí progresivas—. El Endangerment Finding era, en esencia, la raíz de un árbol del que han brotado innumerables normas y estándares. Por eso Trump ha calificado esta rescisión como "la mayor desregulación de la historia de Estados Unidos". Puede que sea difícil cuantificar si es literalmente la mayor, pero lo cierto es que, con esta decisión, caerán de inmediato numerosas regulaciones y dará mucha más libertad sobre todo a la industria automovilística y al sector energético estadounidense.
¿Qué dirá el Tribunal Supremo?
Ahora bien, la determinación de 2009 se basó en aquella sentencia del Supremo de 2007. Se puede argumentar que lo que ha hecho Trump es ilegal porque contradice directamente esa decisión judicial. Sin embargo, Trump y su equipo confían en la actual mayoría del Tribunal Supremo, de corte originalista. De hecho, tres de los seis jueces originalistas ya formaban parte del tribunal en 2007 y votaron en contra de la decisión mayoritaria en aquel caso, con argumentos muy sólidos que han ido reforzándose con el tiempo:
- El estado de Massachusetts (que impulsó la demanda) no tenía legitimación para actuar como "víctima perjudicada" contra el Gobierno federal en este asunto.
- La Ley de Aire Limpio se refería a contaminantes que afectan directamente a la salud humana (como partículas, ozono o gases tóxicos en concentraciones altas que dañan los pulmones). En cambio, los gases de efecto invernadero actúan de forma muy indirecta: su acumulación global puede elevar las temperaturas, y ese aumento podría tener efectos sobre la salud… siempre que no se tomen medidas de adaptación (como poner aire acondicionado). Eso va en contra de la letra y el espíritu original de la ley.
- Salvo clara ilegalidad, los tribunales deben tener cierta deferencia con los poderes ejecutivo y legislativo: otra cosa sería activismo judicial, intentar legislar no habiendo sido elegido en las urnas.
Además, en los últimos años, la mayoría conservadora del Supremo ha aplicado con fuerza la doctrina de las "cuestiones mayores" (major questions doctrine): cuando una agencia toma una decisión de enorme trascendencia política o económica (como claramente lo es regular los gases de efecto invernadero, se esté a favor o en contra), solo puede hacerlo si la ley lo autoriza de manera muy clara y explícita. No vale una interpretación creativa o expansiva décadas después de aprobada la norma, como se hizo en el fallo de 2007. De hecho, usando esta misma doctrina el Tribunal ya ha puesto limitaciones a la capacidad del Gobierno para regular emisiones de gases de efecto invernadero.
Por eso, es muy probable que, cuando los estados demócratas, grupos ecologistas u otros afectados demanden en contra de esta decisión, el Tribunal Supremo acabe fallando a favor de la administración Trump.
En resumen, en Estados Unidos parece abrirse una nueva etapa respecto al cambio climático: menos regulaciones federales sobre emisiones, mayor libertad para la industria y los consumidores, y un enfoque que evita dispararse en el pie destruyendo competitividad económica para exportarla a países como China, que no aplican restricciones similares. Una gran noticia de la que ojalá los europeos tomemos nota… aunque no tengo muchas esperanzas.