Los tentáculos de la corrupción se han extendido por municipios y Comunidades Autónomas, instituciones y administraciones públicas a todos los niveles y, ante la falta de controles efectivos sobre el gasto público, España se distingue como uno de los países más corruptos de la UE, según denuncia un informe publicado este lunes por la Comisión Europea. Por eso, el Ejecutivo comunitario ha pedido a España que redoble los controles para alertar de irregularidades y, llegado el caso, sancionarlas.
España es, según Bruselas, de los países que más contribuyen a engordar la cifra de los 120 millones de euros anuales que cuesta la corrupción a la UE. Y buena parte de la culpa de esta lacra la tienen, a ojos del Ejecutivo comunitario, la falta de vigilancia de la financiación de los partidos políticos. Precisamente a las irregularidades que salpican a estas formaciones, como el célebre caso Bárcenas, hace mención el estudio al mencionar con toda claridad, aun sin citar su nombre, al "extesorero de un partido político y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas". De ahí que el informe proponga que se realice una auditoría externa anual para cada partido, así como que se publiquen sus cuentas en la red.
Y es que los mecanismos de control existentes son insuficientes para combatir esta lacra. Incluso después de haber aprobado la Ley de Transparencia, que Bruselas aplaude como "paso adelante", falta independencia en los instrumentos concebidos para localizar los focos problemáticos. "La vigilancia está ahí, pero no siempre funcionan", denunció la comisaria de Interior, Cecilia Mallström, responsable de la elaboración de este primer estudio sobre corrupción en el que ha situado a España en el pelotón de los más corruptos y concluido que la crisis económica ha multiplicado las malas prácticas.
Focos más alarmantes
A parte de los partidos políticos, el alto grado de corrupción en el sector urbanístico o de la contratación pública (en concreto, en los campos de la construcción y de recogida de basuras), así como el hecho de que en Comunidades Autónomas y municipios, los cargos públicos no rindan cuentas son algunos de los factores que más preocupan en Bruselas.
Así pues, el informe señala la falta de control efectuado sobre el gasto público de las administraciones en un Estado fuertemente descentralizado, lo que ha convertido a administraciones locales y regionales en un foco de riesgo. "Las amplias competencias atribuidas (a las regiones y municipios) no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada", denuncia el documento. Sirva para ilustrar el problema, por ejemplo, la siguiente cifra recogida por el informe: entre los años 1996 y 2009, los medios recogieron más de 5 mil casos de corrupción que afectaron a 600 municipios.
Además, Bruselas alerta de la incapacidad de las CC.AA para controlar Ayuntamientos y alcaldes, habida cuenta de la capacidad de éstos de hacer y deshacer imbuidos de "amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana", alerta el informe. Sólo en 2011, recoge el documento, se incoaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas.
Con todo, los españoles, según el Eurobarómetro, no se mostrarían sorprendidos ante semejante fotografía. De hecho, hasta el 95 por ciento de los españoles percibe en la corrupción un problema "muy extendido" que, de facto, afecta a su vida cotidiana.