La Comisión Europea ha alegado este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".
El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, ha añadido que las autoridades españolas "no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia" de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo invocado de reconciliación.
"Por otro lado, también existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la Ley sean claras y precisas y lo cierto es que el legislador español tampoco atendió las recomendaciones de la Comisión de Venecia a este respecto", ha señalado Urraca. "En particular, si como lo sostiene el Tribunal de Cuentas, la Ley de Amnistía da lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas habida cuenta del objeto de la ley, entonces no se cumpliría este requisito de que las normas sean claras y precisas".
La Comisión se ha expresado así en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra este martes sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 ex altos cargos de la Generalidad, entre ellos los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas. En este sentido, el abogado de la Comisión ha afirmado que no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión".
No obstante, el representante del Ejecutivo comunitario ha censurado además la obligación de aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses, porque eso podría haber impedido al Tribunal de Cuentas investigar si se utilizaron fondos europeos en el procés, lo que en principio quedaría fuera del ámbito de la Ley.
"Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal", ha señalado Urraca.