La fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial contra la Corrupción en el Poder de Perú, ha denunciado este jueves que varios miembros del Ministerio Público han recibido amenazas de muerte a raíz de las investigaciones iniciadas contra el presidente del país, Pedro Castillo, que se materializaron con la presentación -el pasado martes- de una denuncia contra él como líder de una "organización criminal enquistada en el Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas".
"Hay amenazas de muerte", ha asegurado Barreto. Precisamente este intento de amedrentar al Ministerio Público fue el motivo por el que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tomó la determinación de presentar ya la denuncia contra Castillo y varios de sus ministros aunque "todavía hay muchas aristas que investigar". Las amenazas de muerte fueron "la gota que derramó el vaso". "La presión del poder de la que estamos siendo pasibles es tan intensa, tan fuerte, que no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos", ha añadido.
Prácticas mafiosas
El propio modus operandi de Castillo y sus ministros, a través de amenazas y presiones, prueba la naturaleza corrupta del Gobierno. Se les acusa de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Según la investigación realizada por el Ministerio Público, el presidente peruano sería el máximo responsable de la trama, en la que estaría implicado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones así como el de Vivienda. De hecho, la denuncia se extiende también a los exresponsables de esas carteras Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.
Esta denuncia constitucional deberá ser evaluada ahora por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la expresidenta del Congreso Lady Camones (APP). En el caso de que prospere, pasará a la Comisión Permanente y finalmente será votada en el pleno. "Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", aseveró la Fiscalía en un tweet publicado este miércoles.
Previamente, advirtió de una "constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal", que aprovechándose de estar en el Gobierno amenaza la autonomía del Ministerio Público y realiza un permanente amedrentamiento en su contra y su familia.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 11, 2022
Advertía además que "la hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer". Por su parte, el fiscal superior de Perú, Jorge Chávez Cotrina, ha explicado -en una entrevista concedida a RPP- la fortaleza de las evidencias obtenidas. "La Fiscalía ha acopiado elementos de prueba de todo lo dicho", ha destacado, "el 70% del contenido de la denuncia son documentos que corroboran lo dicho por los colaboradores y testigos".
¿Un golpe de Estado?
El presidente de Perú, Pedro Castillo, ofreció este martes una rueda de prensa en Lima en la que se defendió asegurando que se había iniciado "la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú", en referencia a la demanda constitucional presentada contra él y algunos de sus ministros en el Congreso. Así marcaba la estrategia a seguir.
Este jueves era el primer ministro peruano, Aníbal Torres, el que intentaba desactivar las acusaciones contra el líder del ejecutivo y sus colaboradores acusando al Ministerio Público, al que se refiere como "un poder absolutamente descalificado" de querer dar un "golpe de Estado ahora a través de la acusación constitucional". En declaraciones recogidas por el periódico El Comercio, Torres ha apelado a la unidad del pueblo para defender la democracia.
"Quien puso a Pedro Castillo en el poder, (es) el poder supremo, el poder del pueblo. Por encima de ese poder no existe ninguno otro", ha señalado en un arranque populista. "Tenemos que unirnos para defender la democracia, para defender la voluntad popular. Esa es la regla imperecedera", ha añadido. "Quienes la respaldan (la denuncia) contradicen lo señalado en el artículo 117 de la Constitución que especifica las causales por las que un mandatario puede ser acusado", ha argumentado, "¿cómo puede avanzar así el Perú?".
Entretanto, la ministra de Cultura, Betssy Chávez, ha pedido la cabeza de la Fiscal de la Nación. Lo ha solicitado este jueves a la Junta Nacional de Justicia -órgano encargado de nombrar, ratificar y cesar a los fiscales- a quien ha reclamado que destituya a Patricia Benavides, a la que acusa de haber cometido una "flagrante falta" al realizar (con la demanda) "un planteamiento fiscal en contravención de un dispositivo expreso de la Carta Magna, de forma dolosa al haber sido incluso advertida previamente por el Poder Judicial".