Los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitaron para ejercer cargos públicos como líder de la trama izquierdista que robó al erario argentino 84.835 millones de pesos (algo más de 400 millones de euros al cambio actual) consideran que se trata de "un grave hecho de corrupción sin precedentes" en Argentina.
El Tribunal ha dado a conocer este este jueves los fundamentos de su fallo, emitido el pasado 6 de diciembre. En sus 1.600 páginas argumentan que estamos ante "un hecho de corrupción estatal", concretamente "de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país" cuyo objetivo era asegurar un "beneficio económico" para Néstor y Cristina Kirchner.
Kirchner fue condenada en el marco del caso Vialidad por desviar cientos de millones de dólares de los contribuyentes a través de la concesión de contratos públicos otorgados al empresario Lázaro Báez, socio de negocios de los Kirchner y amigo de la familia. De hecho, la propia vicepresidenta era la que lideraba esa "asociación ilícita" y se encargó de supervisar el esquema de sobornos.
Tres pruebas fundamentales para la condena
Según el argumentario de los jueces, la sentencia condenatoria contra la vicepresidenta se basa en tres pruebas fundamentales. La primera es el decreto que la propia Kirchner aprobó en 2009 para que Vialidad Nacional dispusiera de fondos "discrecionales" para pagar a las empresas de Báez.
En segundo lugar, están los negocios privados de los Kirchner con el empresario. Báez compartió fideicomisos con los Kirchner, les alquiló propiedades, dirigió sus hoteles y pagó por la ampliación de uno de ellos. Igualmente, entre los años 2004 y 2015 el patrimonio personal del empresario creció un 12.000%.
Y por último, los mensajes del teléfono del secretario de Obras Públicas durante la etapa kirchnerista, José López, permitieron demostrar que la vicepresidenta estaba al mando de la operación. En esos mensajes que intercambiaba con Báez, se refería a Kirchner como "la jefa" y "la señora".
El tribunal también calificó de "cliché" la defensa de la también expresidenta (2007-2015) de calificar el proceso como una expresión concreta de lawfare (o guerra judicial), llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación.