Y qué poco han tardado en reaccionar. El chavismo, arrinconado y cada vez más desesperado, tacha de "crimen de agresión" la actuación de la administración americana. Estados Unidos impuso sanciones a 16 altos funcionarios de Venezuela después de proclamar "falsamente" la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre los sancionados encontramos a miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Asamblea Nacional, además del presidente del Tribunal Supremo, y dirigentes de las fuerzas de seguridad y fiscales. Desde la Asamblea han emitido un comunicado condenando y rechazando "en los términos más enérgicos, la agresión continua y permanente por parte del Gobierno supremacista de Estados Unidos, esta vez al imponer medidas coercitivas unilaterales contra venezolanas y venezolanos servidores públicos, como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante". Además, acusan a la oposición venezolana de ser "los amos de la ultraderecha fascista".
Primera avanzadilla
Lo prometido es deuda, y bajo dicha premisa, desde Washington prevén más actuaciones para cercar la dictadura chavista y poner fin a la represión de las protestas en Venezuela. El secretario de Estado, Antony Blinken, dejó claro que Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de aquellos que socaven la democracia.
Venezuelans voted for change. Maduro's post-election repression has killed or jailed thousands, and winning candidate @EdmundoGU remains the best hope for democracy. We must not let Maduro and his representatives cling to power by force. The will of the people must be respected.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 9, 2024
De esta manera, el Departamento del Tesoro estadounidense ya ha impuesto sanciones financieras que bloquean los activos de los involucrados en territorio estadounidense y prohíben a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. A su vez, el Departamento de Estado amplió las restricciones de visado a funcionarios venezolanos y personas alineadas con el gobierno del dictador Maduro, con la acusación de haber "obstaculizado un proceso electoral transparente". Con esta nueva acción, el número de funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos asciende a más de 140, mientras que cerca de 2.000 personas se enfrentan a restricciones de visado. Estas sanciones forman parte de la política de máxima presión que EEUU ha mantenido desde hace años contra el régimen de Maduro, buscando aislar económicamente a su administración y forzar cambios políticos que favorezcan una transición democrática en Venezuela.
A pesar de los años de sanciones, el dictador Maduro ha logrado mantenerse en el poder, apoyado por las fuerzas armadas y alianzas con países como Rusia y China. Mientras tanto, desde España, el gobierno de Pedro Sánchez continúa manteniendo una postura prudente pese a los reiterados insultos, amenazas y ataques del chavismo.
En la misma línea que el gobierno socialista se ha manifestado el secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en las elecciones, aunque mostró escepticismo sobre la efectividad de las sanciones para resolver la crisis política en el país.