En un nuevo episodio de la campaña propagandística contra Israel, la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (International Association of Genocide Scholars o IAGS) ha aprobado una resolución declarando que el Estado judío comete genocidio en Gaza. Pero, como era de esperar en estos tiempos de activismo disfrazado de erudición, tanto el contenido de la resolución, que retuerce la definición de genocidio hasta hacerla irreconocible, como la propia naturaleza de esta supuesta "asociación de expertos", donde cualquiera con una tarjeta de crédito puede unirse y votar, han dejado clara la verdadera naturaleza de un comunicado que ha sido reproducido acríticamente por la prensa mundial.
La IAGS se presenta como el club que reúne a la élite de los expertos en genocidio, pero la realidad es mucho más prosaica: para ser miembro basta con rellenar un formulario y pagar una cuota anual, reducida si eres estudiante. No hace falta ser académico, ni tener un doctorado en historia o derecho internacional; un activista cualquiera con ganas de meter baza puede hacerse socio y votar en sus resoluciones. Esto ha llevado a críticos a cuestionar su legitimidad: ¿cómo puede una entidad que admite a cualquiera pretender hablar en nombre de "los principales expertos mundiales"?
Una asociación y un proceso irregulares
La doctora en estudios comparados de genocidio Sara Brown, autora de Género y el genocidio en Ruanda y antiguo miembro de la junta asesora de la IAGS, ha calificado el proceso de "profundamente problemático", destacando que la resolución se votó apresuradamente sin debate previo ni oportunidad alguna para que se pudieran expresar las voces disidentes.
We were promised a town hall, which is a common practice for controversial resolutions, but the president of the association reversed that. The association has also refused to disclose who were the authors of the resolution.
— Dr. Sara E. Brown (@DrSaraEBrown) September 1, 2025
"Nos prometieron una reunión pública, que es la práctica habitual antes de aprobar resoluciones controvertidas, pero el presidente de la asociación se echó atrás. La asociación también se negó a identificar a los autores de la resolución", explicó en un hilo en X. También se prohibió hablar de la misma en la lista de correos interna, una muestra de que querían evitar cualquier tipo de escrutinio de los verdaderos expertos.
Aunque la organización ha destacado que la resolución recibió el 86% de aprobación, ha ocultado no sólo que únicamente votaron 129 miembros de los aproximadamente 500 que lo componen, según ha explicado Brown, sino la composición de quienes sí lo hicieron. ¿Cuántos eran expertos reales y cuántos meros activistas? Dado que, por ejemplo, la asociación cuenta con 80 miembros iraquíes, un país que no es conocido ni por su tradición académica en general ni por sus estudios sobre el genocidio en particular, es una aclaración necesaria. Tradicionalmente la asociación había incluido requisitos académicos para poder ser miembro, pero fueron eliminados recientemente, quién sabe si con el objetivo último de poder pasar una resolución más propia de activistas que de expertos del ramo.
Desde la aprobación de la resolución, han ingresado en la asociación expertos en genocidio tan internacionalmente reconocidos como "Obi wan Cannoli", "Mo Cookie" o "Emperador Palpatine".
En qué miente la resolución
La resolución acusa a Israel de genocidio basándose en acciones militares como los ataques contra hospitales y en los desplazamientos masivos de población dentro de la Franja para alejar a los civiles de las zonas de combate. Sin embargo, opta por ignorar completamente el contexto militar en que se producen esos ataques. Así, no hay mención a la práctica continua y más que demostrada desde hace décadas por parte de Hamás de emplear a su población como escudos humanos. Tampoco que sus miembros se visten de civiles para evitar diferenciarse de ellos, que usan hospitales, escuelas y viviendas para guardar sus arsenales y ni siquiera hacer referencia alguna a la inmensa red de túneles de más de 500 kilómetros de extensión que ha excavado durante casi dos décadas gracias a los fondos de la ayuda internacional, y cuyos puntos de entrada suelen estar situados en sótanos de edificios residenciales.
De hecho ya en sus primeras líneas se refiere a que Israel ha matado a "59.000 adultos y niños en Gaza" sin distinguir entre civiles y miembros de Hamás y la Yihad Islámica. Cuando en una guerra omites la existencia y las acciones de uno de los contendientes, las acciones del otro siempre parecen monstruosas. ¿Qué diríamos de la carnicería aliada contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial si no supiéramos que habían hecho y siguieron haciendo los nazis hasta su derrota definitiva? Esa ausencia deliberada de contexto permea toda la declaración.
Críticos como el Instituto Washington de Políticas de Oriente Próximo han tachado el documento de "desfile de afirmaciones previamente desmentidas", un ejercicio de propaganda más que de análisis serio, que también ignora los esfuerzos de Israel por reducir bajas civiles. Pero lo más grave quizá es cómo retuerce la definición de genocidio establecida en la Convención de la ONU de 1948. En lugar de ceñirse al estándar legal que se ha empleado siempre hasta este conflicto, y que requiere de la intención específica de destruir un grupo étnico, la IAGS hace desaparecer el elemento intencional que es obligado para diferenciar un genocidio de una guerra.
Sospechosos habituales detrás de la resolución
Es el mismo truco que usó Amnistía Internacional, una de las fuentes de la resolución, en su informe de diciembre de 2024, donde amplió el concepto de genocidio para incluir acciones de guerra, ignorando evidencias en contra como el hecho de que Israel ha permitido la entrada de ayuda humanitaria o que las bajas civiles, trágicas como son, no cumplen los criterios estrictos de la convención. Tan escandaloso fue el doble rasero empleado por la organización que su capítulo local en Israel protestó públicamente la calumnia, argumentando que no hay prueba suficiente de "intención genocida" y que, aunque hay violaciones graves que investigar, el umbral legal no se cumple. La cúpula londinense respondió suspendiendo por dos años la membresía de la filial israelí, tachándola de "prejudicial" para su "misión humanitaria", que por lo que se ve consiste en calumniar a Israel e intentar evitar que acabe con Hamás.
Para completar su libelo, la resolución cuenta como fuente con la relatora de la ONU Francesca Albanese, a quien Estados Unidos ha sancionado por su "antisemitismo descarado" y que ha recibido críticas desde los parlamentos de Canadá, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y hasta la Unión Europea, exigiendo su destitución y descalificando su retórica antisemita.
Esta resolución de "expertos" es otro ejemplo de cómo el activismo secuestra instituciones supuestamente neutrales para avanzar su agenda antisemita. Mientras Israel se defiende del peor pogromo desde el Holocausto y se asegura de que no vuelva a ocurrir jamás nada parecido, estos "expertos" cambian la definición de genocidio y hacen desaparecer de la ecuación a Hamás para poder acusar al único Estado judío del mundo de algo que no está haciendo, esperando que el mundo olvide que, de haber querido el Gobierno de Israel cometer un genocidio de verdad, el 8 de octubre de 2023 no hubiera quedado un solo ser vivo en la Franja.