La magistrada que instruye el caso Gescartera dictó la prisión provisional sin fianza para Camacho el pasado 14 de julio, justo después de tomarle declaración como imputado, al constatar que no tenía respuestas acerca del paradero del dinero de los clientes que ha desaparecido, y que podría ascender a unos 18.000 millones de pesetas.
Fuentes de su defensa han explicado que Camacho ha pedido una ampliación de su declaración con objeto de aportar nuevos datos "de todo tipo", que provocarán posiblemente la citación de nuevos testigos. Camacho, que permanece ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real, es el único encausado que está en la cárcel, aunque la juez impuso a otros imputados la medida cautelar de personarse todos los días en la Audiencia Nacional, como es el caso del apoderado José María Ruiz de la Serna, que evitó la prisión por su delicado estado de salud.
También debe personarse en la Audiencia Anibal Sardón, el propietario de la empresa AGP, que captó para Gescartera unos 3.000 millones de pesetas de clientes, entre ellos los 1.500 millones de la Mutua del Cuerpo Nacional de Policía y los 800 millones de Construcciones Rico. En su primera y única declaración como imputado, Camacho aseguró que desconocía el paradero del dinero, ya que la gestión de los fondos de los clientes recaía en el apoderado Jose María Ruiz de la Serna.
Fuentes de su defensa han explicado que Camacho ha pedido una ampliación de su declaración con objeto de aportar nuevos datos "de todo tipo", que provocarán posiblemente la citación de nuevos testigos. Camacho, que permanece ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real, es el único encausado que está en la cárcel, aunque la juez impuso a otros imputados la medida cautelar de personarse todos los días en la Audiencia Nacional, como es el caso del apoderado José María Ruiz de la Serna, que evitó la prisión por su delicado estado de salud.
También debe personarse en la Audiencia Anibal Sardón, el propietario de la empresa AGP, que captó para Gescartera unos 3.000 millones de pesetas de clientes, entre ellos los 1.500 millones de la Mutua del Cuerpo Nacional de Policía y los 800 millones de Construcciones Rico. En su primera y única declaración como imputado, Camacho aseguró que desconocía el paradero del dinero, ya que la gestión de los fondos de los clientes recaía en el apoderado Jose María Ruiz de la Serna.