Incentivos fiscales ante la crisis

El gobierno ha introducido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2002 un conjunto de medidas destinadas a sostener la actividad en un contexto de desaceleración económica. Sin embargo, no se trata de sólo de acciones coyunturales, sino de iniciativas estructurales destinadas a mantenerse cuando la economía vuelva a tasas de crecimiento sostenido. Por eso, el paquete de estímulos fiscales no debe considerarse como una estrategia keynesiana destinada a reactivar la demanda interna, sino como un abanico de políticas de oferta dirigido a mejorar los incentivos de los agentes económicos en el horizonte del medio y del largo plazo. De hecho, el Ministerio de Hacienda se ha limitado a anticipar iniciativas que tenía previsto implementar más adelante. Por añadidura, es básico señalar que el gabinete ha optado combatir la crisis con rebajas tributarias en lugar de con aumentos del gasto público.

En este marco se explican las ventajas fiscales concedidas a los fondos de pensiones creados por las empresas, cuya finalidad es fomentar el ahorro a largo plazo de los trabajadores y facilitar el acceso a un retiro complementario por parte de los ciudadanos cuyos ingresos no son suficientes para proporcionarles esa posibilidad. De igual modo, la reducción del tipo marginal en el Impuesto de Sociedades hasta el 30 por 100 para las compañías con unos beneficios no superiores a los 5 millones de euros (unos 830 millones de pesetas), supone una rebaja de la carga fiscal de las PYMES que debería extenderse al conjunto de las empresas. También, la disminución de la fiscalidad sobre las plusvalías reinvertidas del 35 al 18 por 100 es una medida sensata para reactivar la inversión privada.

¿Surtirán efecto a corto plazo esos estímulos? Es difícil responder con seguridad. En un marco de ciclo bajista, este tipo de acciones tal vez ayuden a evitar una caída mayor de la demanda interna, pero es improbable que tengan consecuencias estimulantes. Enfrentados a un entorno de menor crecimiento y de incertidumbre, las familias y las empresas ahorrarán más e invertirán menos. En esta línea, los hogares utilizarán parte de su ahorro para reducir su endeudamiento y parte para mejorar su consumo futuro. El balance neto de esas dos decisiones es incierto. Por lo que se refiere a las empresas, parece improbable que los beneficios fiscales las animen a acelerar sus proyectos de inversión, aunque quizá sirvan para no destruir parte de los que están en marcha. Cuando las expectativas económicas empeoran, es muy difícil modificarlas con cambios puntuales en la política económica.

¿Cuánto costarán? Esta es una de las principales acusaciones lanzadas contra la Ley de Acompañamiento. Sus críticos sostienen de manera velada que se ha eludido cuantificar la pérdida de ingresos fiscales que suponen esas ayudas fiscales, porque pondría en cuestión el objetivo de equilibrio presupuestario para el ejercicio 2002. Sin embargo, este planteamiento es erróneo. Para empezar, resulta obvio que esas actuaciones han sido previstas e incorporadas a la previsión de ingresos presupuestarios. En todo caso, es interesante realizar algunas precisiones adicionales. Si el paquete gubernamental tiene éxito y la caída de actividad es inferior a la que se produciría sin ellas, el Estado no sufriría una merma en su recaudación. Si los hogares y las empresas no tienen una reacción positiva ante los estímulos fiscales, la reducción de ingresos públicos sería la misma con ellos que sin ellos.

En el mejor de los supuestos, el paquete de incentivos fiscales es un juego de suma positiva; en el peor, quedaría en un juego de suma cero.

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