La izquierda propone como solución a todos los problemas aumentar el intervencionismo y la coacción estatal sobre los particulares. En su forma enfermiza y profundamente errada de entender las relaciones sociales, los izquierdistas creen que el Estado debe decidir sobre todos los asuntos de la vida con cierto contenido económico en lugar de dejar a la sociedad gestionar sus necesidades a través de los mecanismos del libre mercado, por eso son tan peligrosos cuando llegan al poder. Uno de los ámbitos donde más nociva resulta esta visión estatista es en el mercado de la vivienda de alquiler, un problema de insatisfacción de la demanda que la intervención estatal no hace más que agravar.
La propuesta podemita que hemos conocido hace unos días de expropiar las viviendas a los fondos inmobiliarios es un despropósito económico pero, sobre todo, una profunda inmoralidad. En primer lugar, los llamados despectivamente "fondos buitre" no son los principales propietarios de la vivienda de alquiler en España, por lo que cualquier medida dirigida a estas empresas no va a solucionar este problema global. Como hemos explicado en Libre Mercado, los principales arrendadores de España son los propios particulares, que poseen la propiedad de más del 80% de todas las viviendas actualmente en el mercado de alquiler. Por tanto, el grave atentado contra la propiedad privada que plantean los socios ultraizquierdistas de Sánchez apenas tendría repercusión sobre el mercado de alquiler. En cambio, una agresión de esta gravedad destruiría la seguridad jurídica de un sector tan importante como el inmobiliario, con graves repercusiones también en el resto de la economía y, desde luego, en nuestra imagen internacional como un país fiable y atractivo para invertir.
La demagogia izquierdista, alentada por un gobernante sin escrúpulos como Sánchez, utiliza los problemas reales de la gente para tratar de colar su agenda liberticida. El mercado de alquiler de vivienda es, desde este punto de vista, el terreno de batalla idóneo para influir políticamente en las víctimas de un sistema que no satisface las necesidades de la gente, precisamente, por culpa de la intervención estatal. Lo hemos visto en las grandes ciudades que han caído en manos de la izquierda populista como Barcelona, donde el parque de vivienda en alquiler se ha reducido por culpa de las medidas puestas en marcha por la inefable Ada Colau, que ha convertido la opción de alquilar una vivienda a precios razonables en una misión prácticamente imposible.
La propuesta de Podemos va exactamente en esa dirección, por lo que su puesta en marcha tendrá como resultado agravar todavía más el problema que se quiere solucionar. Regular precios, aumentar la fiscalidad, poner trabas a los inversores o desproteger al propietario como proponen socialistas y podemitas es lo que está en el origen del hundimiento de la oferta de la vivienda y la subida estratosférica de los precios.
La liberalización del mercado de alquiler, aportando mayor seguridad jurídica, es la única receta válida para que aumente la oferta y bajen los precios. Los partidos de izquierda hacen lo contrario agravando un problema que, sin ellos en el poder, ya podría estar solucionado.